La Fiscalía General de la República (FGR) colocó a los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna en el centro de una investigación por una presunta red dedicada al contrabando de combustible, conocida como huachicol fiscal, con operaciones que habrían involucrado aduanas marítimas, servidores públicos, agentes aduanales y empresas utilizadas para introducir y distribuir hidrocarburos de manera ilegal.
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que ambos son identificados por la autoridad como “Los Primos” y que habrían tenido un papel relevante dentro de la estructura investigada.
Los Farías Laguna son sobrinos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien fue secretario de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La relación familiar adquiere relevancia dentro del caso debido a que la propia Fiscalía señaló que en 2024 Ojeda Durán había advertido al entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero sobre posibles actividades ilícitas relacionadas con integrantes de la institución naval.
De acuerdo con la FGR, aquella denuncia fue uno de los antecedentes que permitieron avanzar en las investigaciones que posteriormente llevaron al aseguramiento de aproximadamente 10 millones de litros de diésel en un buque localizado en el puerto de Altamira, Tamaulipas.
A partir de esa operación, las autoridades siguieron el rastro de una estructura que, según la Fiscalía, no funcionaba únicamente mediante el ingreso clandestino del combustible, sino que contaba con mecanismos para facilitar su paso por las aduanas y posteriormente introducirlo al mercado legal.
La investigación sostiene que los buques salían principalmente de Texas cargados con hidrocarburos que eran declarados como aceite o aditivo, con lo que presuntamente se modificaba su tratamiento fiscal.
La FGR también señala que servidores públicos y agentes aduanales habrían recibido pagos por cada embarque autorizado, mientras que algunas inspecciones presuntamente eran simuladas o realizadas de manera superficial. En otros casos, se habrían establecido horarios para los arribos y desactivado cámaras con el objetivo de impedir el registro de las descargas.
Según la versión de la Fiscalía, una vez que el combustible llegaba a tierra era distribuido mediante empresas formalmente constituidas, mientras otras compañías y operaciones financieras habrían sido utilizadas para dar apariencia legal a los recursos obtenidos.
Las investigaciones han llevado a las autoridades a identificar operaciones relacionadas con esta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Durante un cateo realizado en una bodega presuntamente arrendada por Manuel Roberto “N” en la capital del país, las autoridades localizaron objetos de lujo, listados de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentación clasificada como reservada o confidencial y armas que, de acuerdo con la Fiscalía, no contaban con el registro correspondiente.
El caso también coloca nuevamente bajo atención la relación entre los acusados y Rafael Ojeda Durán. Sin embargo, la información presentada por la FGR establece una diferencia entre ambos escenarios: mientras los hermanos Farías Laguna aparecen directamente señalados dentro de la investigación por la presunta operación de la red, el exsecretario de Marina no fue acusado en el mensaje de la fiscal general.
Por el contrario, la Fiscalía destacó que Ojeda Durán habría sido quien alertó en 2024 sobre posibles irregularidades dentro de la institución naval.
Esta circunstancia deja una de las principales interrogantes del caso: determinar hasta dónde llegó la presunta red de complicidades y si las responsabilidades se limitaron a los funcionarios y particulares señalados por la Fiscalía o si las investigaciones podrían alcanzar a otros involucrados.
Godoy Ramos subrayó que la responsabilidad es individual y que corresponderá al Poder Judicial valorar los datos de prueba y determinar la responsabilidad penal de los acusados.
Por ahora, la FGR concentra sus señalamientos en los hermanos Farías Laguna y otros presuntos integrantes de la estructura, mientras las investigaciones continúan para establecer la dimensión completa de la red de contrabando de combustible y las posibles complicidades que hicieron posible su operación.
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Foto: SEMAR-arte-ChapGPT
Con información de la FGR
