¿Justicia, dinero o política? Cuando el discurso cambia según conviene
En México hay temas que parecen cambiar de prioridad conforme avanza la coyuntura política. Uno de ellos es el caso de Ismael “El Mayo” Zambada. Durante meses, el centro del debate fue otro: cómo llegó el histórico líder del Cártel de Sinaloa a Estados Unidos, si fue secuestrado, quién participó en su traslado y por qué el Gobierno mexicano no fue informado. Se habló de soberanía, de una posible violación al derecho internacional e incluso se exigieron explicaciones a Washington.
Hoy el discurso parece haber dado un giro.
Ahora la conversación se concentra en los bienes que eventualmente podrían ser decomisados al narcotraficante. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró correctamente que los 15 mil millones de dólares no representan dinero ya asegurado, sino una estimación del daño económico atribuido a Zambada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Sin embargo, también dejó claro que, si existen bienes confiscados, México solicitará que sean entregados al país.
La pregunta es inevitable: ¿qué cambió?
Si hace apenas unas semanas el eje era exigir respuestas sobre la forma en que uno de los criminales más buscados salió del país, hoy la prioridad parece ser la eventual recuperación de recursos que ni siquiera están plenamente identificados.
Por supuesto que México tiene derecho a reclamar activos obtenidos mediante actividades ilícitas si la ley y los mecanismos internacionales así lo permiten. Nadie podría discutir que el dinero producto del narcotráfico debería regresar para reparar, aunque sea parcialmente, el enorme daño causado a millones de víctimas. Lo que genera dudas es la velocidad con la que cambió la narrativa oficial: del reclamo diplomático al posible reparto de bienes.
Más aún cuando durante décadas “El Mayo” Zambada fue considerado por muchos como uno de los narcotraficantes que logró mantenerse fuera del alcance de la justicia, sobreviviendo a distintos gobiernos, sexenios y estrategias de seguridad. Esa historia también merece respuestas.
Mientras tanto, en Sudamérica comienza a escalar otra confrontación política que podría tener consecuencias diplomáticas.
Las nuevas descalificaciones del presidente argentino Javier Milei hacia Luiz Inácio Lula da Silva terminaron por romper la paciencia del gobierno brasileño, que decidió retirar a su embajador en Buenos Aires y reducir la representación diplomática al nivel de encargado de negocios. No es un gesto menor. Es una decisión que evidencia cómo la confrontación verbal entre mandatarios puede trasladarse rápidamente al terreno institucional.
La libertad para expresar diferencias políticas nunca debería convertirse en un obstáculo para mantener relaciones de Estado que trascienden a los gobiernos en turno. Cuando el lenguaje diplomático desaparece, los costos suelen pagarlos el comercio, la cooperación y, finalmente, los ciudadanos.
Y mientras los reflectores nacionales apuntan hacia estos temas, en Nuevo León continúa otro episodio donde el derecho y la política vuelven a mezclarse.
La denuncia presentada por Movimiento Ciudadano contra el alcalde con licencia de Escobedo, Andrés Mijes, encontró una respuesta inmediata desde el propio municipio. José Antonio Quiroga sostuvo que las licencias solicitadas por el edil se encuentran previstas en la Ley de Gobierno Municipal y que no existe un límite en el número de ocasiones en que pueden solicitarse, siempre que cada una no exceda el plazo permitido.
Y por cierto, seguimos con una pregunta que nadie ha respondido: ¿por qué Cervecería Cuauhtémoc-Heineken dejó de vender en el Estadio Universitario y CEMEX abrió la puerta a Corona? La decisión, por supuesto, tiene una explicación empresarial, pero también despierta interrogantes políticas. ¿Será que la nueva alianza incluye algo más que la venta de cerveza? ¿Podría estar relacionada con el financiamiento del futuro estadio de Tigres? Y si ese proyecto termina convirtiéndose en una de las grandes banderas de infraestructura rumbo al 2027, no faltará quien intente capitalizar políticamente la obra desde el actual gobierno estatal. Por ahora son preguntas que siguen sin respuesta. Muy pronto… aguanten.
