Todo por mis aguacates…
Qué curioso resulta el actuar del Gobierno Federal. Durante años los productores de aguacate en Michoacán denunciaron extorsiones, amenazas, secuestros, cobro de piso, tala ilegal y el control territorial de grupos criminales. Durante años pidieron protección, reclamaron seguridad y exigieron que el Estado recuperara regiones donde el crimen organizado prácticamente sustituyó a la autoridad. Las respuestas fueron pocas, insuficientes o simplemente tardías.
Pero bastó que desde Washington llegara un mensaje contundente: “los aguacates no pasan”, para que entonces sí apareciera una reacción inmediata.
Más de mil 500 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional fueron desplegados de forma urgente para blindar huertas, empacadoras, carreteras y centros de inspección. Es decir, cuando el mayor mercado de exportación del país cerró la puerta por motivos de seguridad, la maquinaria gubernamental comenzó a moverse con una rapidez que durante años no vimos para proteger a los propios mexicanos.
Y esa es la gran pregunta: ¿era necesario que Estados Unidos levantara la voz para que el Gobierno actuara?
Durante mucho tiempo los productores quedaron prácticamente solos frente a organizaciones criminales que no solamente controlaban el narcotráfico, sino que también encontraron en el llamado “oro verde” un negocio multimillonario mediante la extorsión. El resultado está a la vista: el aguacate dejó de ser un producto accesible para millones de familias mexicanas mientras los costos de producción aumentaban por la inseguridad.
Lo lamentable es que el problema nunca fue únicamente económico. Hubo comunidades enteras viviendo bajo amenazas, agricultores obligados a pagar cuotas, transportistas intimidados y empresarios que terminaron abandonando inversiones por miedo. Todo eso ocurrió antes de que el USDA decidiera suspender las inspecciones.
Ahora sí existe un operativo especial. Ahora sí hay presencia militar. Ahora sí se habla de coordinación y de recuperar la confianza. La pregunta es por qué no se hizo antes.
La realidad es que la economía volvió a dictar la agenda de seguridad.
Mientras tanto, otra noticia también merece una profunda reflexión. Meta acaba de recibir un nuevo golpe judicial en Estados Unidos. Un juez ordenó que la empresa pague 567 millones de dólares al considerar que sus plataformas expusieron a menores de edad a riesgos que pudieron evitarse.
No se trata solamente del dinero. Lo verdaderamente relevante es el mensaje que envían los tribunales: las grandes empresas tecnológicas ya no pueden seguir escudándose en algoritmos mientras millones de niños y adolescentes permanecen expuestos a contenidos dañinos.
En México seguimos discutiendo quién regula las redes sociales, quién protege la libertad de expresión y hasta dónde puede llegar el Estado. Sin embargo, pocas veces hablamos de la enorme responsabilidad que tienen estas compañías sobre el impacto que generan en la salud mental de los menores.
La tecnología representa una extraordinaria herramienta de comunicación, pero también exige responsabilidad. Libertad no significa ausencia de reglas cuando se trata de proteger a la niñez.
Y como si el debate nacional no tuviera ya suficientes temas, desde el Congreso de la Ciudad de México llega otra iniciativa que seguramente dividirá opiniones: establecer la obligación legal de que, tras un divorcio o una separación, también exista una pensión para los perros, gatos y demás animales de compañía.
La propuesta busca que las mascotas no queden abandonadas cuando termina una relación y que ambos propietarios compartan los gastos de alimentación, atención veterinaria y cuidados básicos.
Habrá quienes consideren exagerada la medida. Otros sostendrán que simplemente reconoce una realidad: hoy millones de mascotas forman parte de la familia y dependen completamente de quienes decidieron adoptarlas.
Lo importante será que el debate no pierda la proporción. Mientras el país enfrenta problemas de inseguridad, salud, educación y justicia, también resulta indispensable preguntarnos cuáles deben ser las verdaderas prioridades legislativas y si el Congreso está respondiendo a las preocupaciones más urgentes de la población.
Porque al final pareciera que en México seguimos reaccionando únicamente cuando alguien nos obliga a hacerlo.
Con los aguacates fue Washington.
Con las redes sociales fueron los tribunales estadounidenses.
Y con las mascotas… quizá pronto sean los jueces familiares quienes terminen resolviendo lo que antes bastaba con el sentido común.
Así transcurre el país: reaccionando cuando el problema ya explotó, mientras las soluciones preventivas siguen esperando su turno.
