Con una agenda legislativa enfocada en reforzar la seguridad pública y proteger los derechos laborales de los trabajadores jubilados, el diputado local del PRI, Javier Caballero Gaona, y la diputada federal Ana González González presentaron una serie de propuestas que buscan atender dos problemáticas que, aseguran, afectan directamente a miles de familias en Nuevo León.
En el Congreso del Estado, Javier Caballero presentó un paquete de iniciativas para reformar la Ley de Gobierno Municipal, la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como el Código Penal de Nuevo León, con el propósito de establecer un mayor control sobre las viviendas abandonadas y reducir los riesgos de inseguridad que generan este tipo de inmuebles.
El legislador explicó que la propuesta contempla la creación de un padrón municipal de casas, terrenos y edificios deshabitados que representen un peligro para la población, a fin de que las autoridades cuenten con información precisa sobre estos espacios y puedan actuar de manera oportuna.
Caballero Gaona señaló que, de acuerdo con estimaciones, en la entidad existen más de 280 mil viviendas abandonadas, una cifra que consideró preocupante debido a que muchas de ellas terminan siendo utilizadas para actividades ilícitas, invasiones, consumo de drogas o como refugio para personas que cometen delitos.
Indicó que esta situación también contrasta con la creciente demanda de vivienda y con el incremento que ha registrado el costo de los inmuebles durante los últimos años.
La iniciativa establece que, una vez integrado el padrón por parte de los municipios, los casos detectados puedan ser investigados de oficio por la Fiscalía General de Justicia del Estado cuando existan indicios de despojo u otros delitos relacionados con la ocupación ilegal de propiedades.
Asimismo, el legislador propone modificar el artículo 397 del Código Penal para que el delito de despojo deje de perseguirse únicamente por querella y pueda investigarse de oficio por el Ministerio Público, además de endurecer las sanciones cuando servidores públicos utilicen la información del padrón para obtener beneficios indebidos o facilitar conductas delictivas.
Caballero sostuvo que el objetivo es recuperar espacios que actualmente representan un riesgo para las comunidades y brindar mayores herramientas legales a las autoridades para combatir este fenómeno.
En otro frente legislativo, Javier Caballero y la diputada federal Ana González González presentaron un exhorto dirigido a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para impulsar una reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de garantizar un trato equitativo a los trabajadores jubilados y pensionados de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.
Los legisladores señalaron que buscan que los criterios aplicados recientemente para los trabajadores de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) también sean considerados para quienes dedicaron décadas de servicio al organismo operador del agua en Nuevo León.
Javier Caballero afirmó que el planteamiento no busca crear privilegios, sino garantizar que todos los trabajadores reciban el mismo trato jurídico y laboral cuando se trata del cálculo de sus pensiones y jubilaciones.
Por su parte, Ana González González manifestó que la reciente reforma aprobada a nivel federal eliminó las llamadas pensiones millonarias; sin embargo, advirtió que también provocó afectaciones para personas que habían planeado su retiro bajo reglas distintas y que ahora enfrentan reducciones en los ingresos que esperaban recibir.
La legisladora sostuvo que es necesario revisar el marco legal para evitar que las modificaciones tengan efectos retroactivos que perjudiquen a quienes durante años prestaron sus servicios en organismos públicos.
Ambos representantes priistas aseguraron que han recibido diversas solicitudes de apoyo por parte de jubilados y pensionados de Agua y Drenaje, quienes consideran que los cambios aplicados vulneran derechos previamente adquiridos.
Finalmente, Javier Caballero y Ana González coincidieron en que las reformas planteadas buscan atender problemas distintos, pero con un mismo propósito: fortalecer la seguridad de las familias y brindar certeza jurídica a los trabajadores que concluyeron su vida laboral en el servicio público.
eitmedia.mx
