Ciudad de México.— El diputado Mario Alberto López Hernández, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), propuso elevar de dos a siete años a un rango de cinco a siete años de prisión la pena para quienes den en comodato, arrendamiento o alquiler un inmueble sabiendo que será utilizado para cometer delitos relacionados con la trata de personas.
La iniciativa plantea reformar el artículo 34 de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados para su análisis.
El legislador argumentó que las redes dedicadas a la trata requieren espacios físicos para desarrollar sus actividades, entre ellos viviendas, hoteles, establecimientos comerciales, ranchos y otros inmuebles que pueden ser utilizados para ocultar, trasladar, explotar o mantener bajo control a las víctimas.
La propuesta busca que quienes faciliten esos espacios con conocimiento de su utilización criminal también enfrenten consecuencias más severas. De acuerdo con López Hernández, fortalecer esta responsabilidad permitiría reducir los lugares disponibles para las organizaciones dedicadas a la explotación de personas y, con ello, dificultar su operación.
El diputado sostuvo que las organizaciones criminales recurren en algunos casos a contratos de arrendamiento, prestanombres y otras figuras legales para mantener en el anonimato a quienes participan en sus actividades. Por ello, planteó cerrar espacios que puedan ser aprovechados para encubrir delitos bajo mecanismos aparentemente legales.
La reforma también pretende fortalecer las herramientas del Estado para investigar y desarticular estas redes, al considerar que retirarles la infraestructura utilizada para sus operaciones puede contribuir a generar condiciones para rescatar víctimas y obtener elementos de prueba.
López Hernández señaló que la modificación responde además a los compromisos internacionales asumidos por México en materia de prevención, investigación y sanción de la trata de personas, particularmente en lo relacionado con combatir las distintas formas de participación que permiten la continuidad de este delito.
La iniciativa parte de la premisa de que la responsabilidad no debe concentrarse únicamente en quienes ejecutan directamente la explotación, sino también alcanzar a quienes, con pleno conocimiento de lo que ocurre, proporcionan los inmuebles necesarios para mantenerla.
El legislador consideró que corresponde al Poder Legislativo actualizar el marco jurídico frente a las nuevas modalidades empleadas por las organizaciones criminales y establecer mayores mecanismos de protección para las víctimas.
La propuesta continuará ahora su proceso legislativo en la Cámara de Diputados, donde la Comisión de Derechos Humanos deberá analizar sus alcances antes de que pueda avanzar hacia las siguientes etapas parlamentarias.
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