Por: Mariano Yberry
De ser uno de los estados más atractivos para el turismo del centro del país, Morelos se convirtió en una de las entidades federativas más peligrosas de México.
Esta semana, el estado se convirtió en noticia internacional tras el feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte, proveniente de la Universidad de Granada y quien realizaba una estancia académica en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
La joven de 21 años fue asesinada afuera de un centro cultural del municipio de Cuautla por un sujeto identificado como Francisco Javier ‘N’, quien habría perpetrado el crimen para robar el celular de la estudiante.
El hecho detonó una serie de protestas de la población del municipio morelense, pero también por parte de la comunidad de la UAEM, quienes denunciaron que se han cometido otros cuatro homicidios de estudiantes en distintos contextos, todos ocurridos en los últimos seis meses.
En este caso, las autoridades federales se coordinaron con las estatales para dar con el responsable, quien finalmente fue detenido el 17 de septiembre en el mismo municipio donde le quitó la vida a Tacoronte, esto tras ser identificado por la población local. La historia de la alumna española tuvo una repercusión mediática por la nacionalidad de la joven, pero es tan sólo uno de los registros más en una entidad federativa que, desde hace al menos 30 años, tiene una crisis de seguridad, según expertos consultados por Sputnik.
Las cifras confirman dicha versión. Morelos encabeza la lista de entidades con mayor incidencia de extorsión presencial, robo de motocicleta, tentativa de homicidio doloso y lesiones culposas durante los primeros cinco meses del año, acorde con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). De igual modo, ocupa el segundo lugar nacional en la comisión de delitos como el homicidio doloso, feminicidio, despojo y violación.
“En muchos casos —lo hemos detectado como prensa que cubre eventos o hechos de violencia—, hay asesinatos que no se reportan tal cual, sobre todo cuando estos son heridos y, posteriormente, fallecen en los hospitales. Las causas no se reportan”, afirmó el periodista local Pedro Tonantzin.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), refiere que el 88,7% de la población morelense no se siente segura, superada únicamente por la gente que vive en el Estado de México (centro), con 90%.
“La realidad, todas las mañanas, nos da un golpe a todos los ciudadanos que nos obliga a mirar sobre el hombro. No hay en este momento ningún empresario, ninguna persona que salga todos los días a trabajar en el estado de Morelos, que no vaya viendo si trae una persona atrás, observando si afuera de su domicilio hay una persona armada, cuidando que sus hijos regresen en paz”, comentó Tonantzin. Una problemática de varias décadas
En diálogo con este medio, el director regional del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política del Tecnológico de Monterrey, Rodrigo Peña, opinó que, en Morelos, se conjugan tres elementos que permiten establecer que el estado vive una crisis generalizada de seguridad: una fuerte incidencia delictiva, altos niveles de impunidad y corrupción, y la desatención a las víctimas.
El especialista en violencia y gobernanza criminal identificó tres olas de violencia en la entidad: la primera a mediados y finales de la década de 1990, con el incremento de los secuestros y la inseguridad. En su momento, la protesta social por la situación llevó al entonces gobernador, Jorge Carrillo Olea (1994-1998), a solicitar licencia de su cargo.
“En los años noventa se dirigió [el secuestro], fundamentalmente contra empresarios. La población estuvo exenta de sufrir las repercusiones de eso”, recordó Tonantzin.
La segunda ola, según Peña, habría iniciado entre 2006 y 2009, en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, que arrancó el entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012).
Sobre este período, Tonantzin refiere que parte de este momento empezó con la caída del capo Arturo Beltrán Leyva, líder del Cártel de los Beltrán Leyva. Con ello, se dio un enfrentamiento entre los grupos criminales de la región, sobre todo en la capital, Cuernavaca. Esto provocó “una desbandada de políticos, de jefes policíacos” y que la incidencia delictiva se agravara, situación que se mantiene hasta la actualidad.
“La ciudad era refugio y santuario de las familias de todos los narcos del país; vivía en paz. Pero, a partir de ese momento, Morelos, Cuernavaca en específico, no volvió a ser un espacio de tregua o de seguridad para ninguno de los grupos”, aseveró. En este contexto, el poeta y activista, Javier Sicilia, inició el llamado Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tras el asesinato de su hijo Juan Francisco, ocurrido en abril de 2011. El proyecto cobró relevancia a nivel nacional y se ha convertido en un referente histórico sobre la situación de inseguridad en el estado.
Peña expresó que, hasta ese momento, Morelos era un estado de tránsito para los grupos criminales que traficaban cocaína desde la región andina a través de Acapulco, en el estado vecino de Guerrero (sur).
Sin embargo, alrededor de 2015, los grupos criminales comenzaron a diversificar sus mercancías hacia otras drogas sintéticas como el fentanilo, lo que los llevó a usar otras rutas. Mientras tanto, otros grupos dedicados al huachicol o la trata de personas, comenzaron a tener una mayor presencia en la región, detonando la tercera ola de violencia, vigente hasta 2026, y expandida a todo el estado.
“Administrar el dolor de las familias”
Desde hace años, las autoridades locales se han dedicado a “administrar el dolor de las familias” sin tener un plan concreto para atender zonas como Cuautla, considerada una de las más peligrosas del estado y donde ocurrió el feminicidio de Claudia Tacoronte, comentó Tonantzin.
“Desde hace mes y medio está operando el llamado Plan Cuautla. Ellos dicen que llevan 90 y tantos detenidos, pero ninguno de cabezas del crimen organizado en esa zona ha sido arrestado. Si tú le preguntas a un empresario si está en condiciones de regresar o reabrir, te va a decir que no y, los que están abiertos, siguen pagando su derecho de piso”, aseveró el periodista.
Para el reportero, uno de los factores que influye en esta situación es la colusión de los grupos criminales con las autoridades municipales, como sucede en otros estados con altos índices de violencia como Guerrero y Sinaloa.
A esto se suma la permanencia de linajes políticos en los gobiernos locales, con casos donde padres e hijos han encabezado en más de una ocasión las cabeceras municipales.
Un caso así se observa en el municipio de Yautepec, con la familia de Agustín Alonso Mendoza quien, en tres ocasiones distintas, ha sido presidente municipal, esto desde inicios del siglo XXI. Su hijo, Agustín Alonso Gutiérrez, hizo lo propio en dos ocasiones, y su hermano, Eder Alonso Gutiérrez, ocupa actualmente el cargo. Al respecto, Peña aseguró que, si bien se trata de una problemática multifactorial, el principal problema es la crisis institucional que se vive en suelo morelense y la imposibilidad de, por ejemplo, instaurar un Mando Único Policial que permita un mayor control de las fuerzas del orden a nivel municipal.
“Lo cierto es que, en el estado, prácticamente todas las instituciones se abandonaron o desaparecieron. Y eso también ocurrió (…) en la forma de tratar y atender a las víctimas. Es una tendencia general, pero en Morelos están particularmente invisibilizadas las víctimas“, declaró el académico.
Apenas en junio de este año, la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas (CEARV), Penélope Picazo Hernández, renunció a su cargo tras darse a conocer que exigía a los familiares beneficiarios de programas de ayuda un 25% del monto total para autorizar la entrega de estos recursos.
“Efectivamente, la política está muy complicada. No vemos en ninguna expresión [en ese ámbito] que pueda darle un cambio a lo que está ocurriendo y, por supuesto, tampoco una acción concreta en contra de la delincuencia que nos permita creer que el día de mañana estarán atacando lo que está ocurriendo”, concluyó Tonantzin. Sputnik
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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