La reducción de los delitos patrimoniales, particularmente los robos a casa habitación, negocio y vehículo, fue destacada por el Gobierno de Nuevo León como uno de los principales avances de su estrategia de seguridad, al señalar que estos indicadores se encuentran entre los niveles más bajos de las últimas tres décadas.
Durante la Mesa de Construcción de Paz, realizada en el nuevo edificio de Fuerza Civil, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que la disminución de los delitos del fuero común se suma a los resultados registrados en delitos de alto impacto y representa un factor relevante para las condiciones de competitividad del estado.
“2026, doble de gente, doble de casas, tres veces más carros y una reducción significante”, señaló el mandatario al comparar los indicadores actuales con los registros existentes desde 1997.
De acuerdo con los datos presentados durante la reunión, el robo a casa habitación registra en 2026 su mejor comportamiento desde 1997, mientras que el robo a negocio también se encuentra en uno de sus niveles más bajos para un periodo comparable. El robo de vehículo, por su parte, registra igualmente su menor incidencia desde el inicio de la serie utilizada por el Gobierno estatal.
García Sepúlveda vinculó estos resultados con la capacidad de Nuevo León para atraer y conservar inversiones, al señalar que las condiciones de seguridad forman parte de los factores que consideran las empresas al decidir dónde instalarse y mantener sus operaciones.
En este contexto, afirmó que Nuevo León avanzó ocho posiciones para ubicarse en el quinto lugar nacional en el indicador relacionado con seguridad y condiciones para la inversión dentro del Índice de Competitividad Estatal 2026 del IMCO.
El gobernador también adelantó que durante los próximos cuatro meses se prevé la llegada de cinco grandes empresas y tres data centers al estado, entre ellos proyectos relacionados con compañías como Volvo y LEGO.
“Hoy les puedo decir con toda seguridad que la seguridad, valga la redundancia, está mejor que nunca, los números lo reflejan, pero podemos estar mejor”, afirmó.
Durante la presentación de los indicadores también se informó que en septiembre el Gobierno estatal reportó una reducción de 90 por ciento en homicidios dolosos respecto de 2024, además de disminuciones en secuestro y delitos patrimoniales.
El titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla, atribuyó los avances a la coordinación entre las instituciones estatales, municipales y federales, y planteó mantener la continuidad de la estrategia de seguridad.
La coordinación incluye a Fuerza Civil, policías municipales, la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y otras instituciones que participan en la Mesa de Construcción de Paz.
Como parte de la siguiente etapa, el Gobierno estatal también busca ampliar la red de videovigilancia mediante la incorporación de cámaras privadas al sistema del C5.
García Sepúlveda convocó a empresas, comercios y cámaras empresariales a conectar sus sistemas de vigilancia con el Centro de Coordinación Integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo, con el propósito de incrementar la capacidad de monitoreo y seguimiento de posibles hechos delictivos.
Actualmente, de acuerdo con lo expuesto por el mandatario, el sistema estatal cuenta con alrededor de 20 mil cámaras conectadas, además de dispositivos pertenecientes a municipios, sistemas de movilidad, transporte y otras instituciones.
La intención es que los establecimientos y empresas que cuenten con infraestructura propia puedan sumarla a esta red y contribuir a ampliar la cobertura de vigilancia, particularmente en zonas comerciales donde se busca mantener a la baja el robo a negocio.
“Yo invito a todas las empresas, a toda la industria que el lunes se sumen porque hoy sí podemos con la frente en alto pedirles que nos presten sus cámaras”, expresó el gobernador.
La estrategia planteada por el Gobierno estatal busca combinar la reducción de los delitos con una mayor capacidad de vigilancia y coordinación entre autoridades y sector privado, bajo el argumento de que mejores condiciones de seguridad pueden contribuir a generar mayor certidumbre para las empresas que ya operan en Nuevo León y para aquellas que evalúan instalarse en la entidad.
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