¿Algo les molesta? El INEGI revela, el PRI denuncia, la FGR revisa y Samuel García recibe otro doctorado
El INEGI puso sobre la mesa una cifra verdaderamente escandalosa: alrededor de 1.6 millones de mexicanos cambiaron de residencia entre 2020 y 2025 por motivos relacionados con violencia o inseguridad. Son 510 mil hogares con al menos una persona que tuvo que cambiar de residencia por esas razones.
Un dato incómodo, sin duda. Tan incómodo que hasta puede alimentar el discurso de Donald Trump cuando habla de regiones de México donde la delincuencia organizada tiene presencia.
Y parece que a la Presidenta Claudia Sheinbaum no le cayó demasiado bien la cifra. Pidió revisar con el INEGI la metodología y la pregunta utilizada para determinar las causas del desplazamiento. Revisar una metodología es válido; lo que llama la atención es que sea precisamente el INEGI, uno de los organismos autónomos que todavía conserva capacidad para poner cifras sobre la mesa sin pedir permiso, el que ahora entregue semejante fotografía del país.
Mientras se revisan los números, la política ya va varios kilómetros adelante.
El PRI acudió al INE para denunciar por presuntos actos anticipados de campaña a diez coordinadores estatales de Morena que ya aparecen en la conversación rumbo a las gubernaturas de 2027: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas. El partido pidió incluso medidas cautelares y que se revise el asunto desde el punto de vista electoral y financiero. Ahora corresponde a las autoridades determinar si las acusaciones tienen sustento. Lo vemos difícil porque los guindas tienen ya muy planchado el órgano regulador. O no.
Y luego está Guanajuato.
Los 59 millones de litros de combustible que fueron presentados como un histórico golpe al huachicol terminaron convertidos en una historia bastante más complicada. La FGR mantiene la revisión sobre el origen y la legalidad del hidrocarburo, mientras la empresa involucrada sostiene que contaba con permisos para almacenarlo. La propia Fiscalía ha señalado que el combustible podría no corresponder a huachicol fiscal.
Y aquí aparece otro dato que difícilmente puede pasar desapercibido: Juan Francisco Vera Ayala dejó la delegación de la FGR en Guanajuato, mientras la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos revisa su actuación en relación con el operativo. Será para preocuparnos por su salida o lo esperamos próximamente en otro estado, porque ya sabemos que aquellos de morena en salir disparados como tapón de sidra en la presente o pasada administración federal terminan hasta premiados.
Es decir, lo que comenzó como el gran golpe contra el huachicol ahora tiene preguntas, revisión interna y un delegado fuera del cargo.
Y mientras todo esto sucede, Nuevo León parece vivir en otra frecuencia.
El gobernador Samuel García, quien ya cuenta con tres doctorados, acudirá este jueves al Teatro Universitario para recibir el Doctorado Honoris Causa y la Medalla Alfonso Reyes de la UANL, de acuerdo con la agenda universitaria. Lo que no sabemos, eso sí se los adelanto, es observar la que se “desate” al término, porque ya saben cómo son los grillos: porque hay quiénes apuestan a ver a un Samuelín repartiendo togas con mención: El 2027 está cerca.
