Organizaciones de la sociedad civil impulsan una reforma al artículo 46 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de Nuevo León, con el objetivo de evitar que las iniciativas presentadas directamente por ciudadanos sean dadas de baja por caducidad sin que antes hayan sido analizadas y resueltas por el Poder Legislativo.
La propuesta fue presentada el 7 de septiembre de 2026 y plantea establecer una excepción para las iniciativas ciudadanas dentro del régimen de caducidad que contempla el Reglamento. Actualmente, los expedientes de iniciativas que permanecen sin dictaminar durante el plazo establecido pueden ser dados de baja. El Congreso mantiene vigente el artículo 46 dentro de su Reglamento para el Gobierno Interior, cuya última reforma corresponde al 25 de mayo de 2026.
De acuerdo con los promoventes, el propósito no es obligar a las diputadas y diputados a aprobar las propuestas ciudadanas, sino garantizar que éstas sean discutidas y reciban una resolución por parte del Congreso.
“No estamos proponiendo que las iniciativas ciudadanas tengan que ser aprobadas. El Congreso puede aprobarlas, modificarlas o rechazarlas; lo que buscamos es que sean analizadas y reciban una respuesta”, señaló Javier Lozano, de NL24.
La iniciativa es respaldada por organizaciones como Centro Político y Cultural Tomás Moro A.C.; Ciudadanos por la Libertad y la Democracia; Ciudadanos X la Democracia; Colegio de Monterrey; Congreso Sombra Santa Lucía; Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León; Coordinadora Ciudadana N.L.; Despenalizando la Palabra; Impulso Cívico Acción Ciudadana; México Unido Nuevo León; Misión Rescate México; NL24 Ciudadanía que Transforma y Nuevo León SI.
El planteamiento se relaciona con el mecanismo de iniciativa popular reconocido en la legislación estatal. La Ley de Participación Ciudadana establece que los ciudadanos nuevoleoneses pueden presentar proyectos para crear, modificar, reformar, derogar o abrogar leyes, y señala que, una vez admitida, la iniciativa debe seguir el proceso legislativo correspondiente.
Ricardo Lavín, de Congreso Sombra Santa Lucía, sostuvo que cuando un ciudadano utiliza los mecanismos institucionales para presentar una iniciativa debe existir también una respuesta por parte de las instituciones.
“Si un ciudadano utiliza los mecanismos institucionales para presentar una iniciativa, resulta razonable que también exista una respuesta institucional. Una iniciativa puede ser aprobada o rechazada; lo que buscamos evitar es que simplemente desaparezca sin ser analizada”, afirmó.
Un planteamiento que ya está en el Congreso
La discusión sobre la caducidad de iniciativas no es nueva dentro de la actual Legislatura. Los registros oficiales del Congreso muestran que existen otras propuestas relacionadas con el artículo 46 y con la eliminación o modificación de las reglas de caducidad de iniciativas. Entre ellas aparece una iniciativa presentada por integrantes de Movimiento Ciudadano en diciembre de 2025, así como otra registrada en junio de 2026 por la diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez, del Partido del Trabajo, específicamente sobre la caducidad de iniciativas ciudadanas.
La propuesta de las organizaciones civiles plantea que las iniciativas ciudadanas queden exceptuadas de la caducidad, sin modificar la facultad constitucional y reglamentaria del Congreso para discutirlas, modificarlas o rechazarlas.
Los promoventes también hicieron un llamado a las diputadas y diputados de la LXXVII Legislatura para abrir el diálogo con organizaciones y ciudadanos que han utilizado este mecanismo de participación, particularmente quienes han presentado iniciativas que posteriormente fueron dadas de baja por caducidad.
La discusión busca colocar nuevamente sobre la mesa el alcance de la participación ciudadana en el proceso legislativo y el tratamiento que deben recibir las propuestas que llegan al Congreso a través de este mecanismo.
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