A donde importa, no siempre se va; entre la ONU, los periodistas y una informalidad que crece
Hay momentos en los que la política exterior se mide no por lo que se dice desde casa, sino por los lugares donde se está cuando el mundo está hablando. Y esta semana México decidió no llevar a su presidenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Claudia Sheinbaum explicó que “hay momentos y momentos donde uno decide ir y no ir” y que consideró que éste “no era un momento para asistir”. También recordó que tampoco acudió presencialmente el año pasado. México, sin embargo, sí tuvo representación oficial y el canciller Roberto Velasco tenía prevista su participación ante la Asamblea para el viernes.
Aquí aparece la primera pregunta incómoda: ¿cuándo sí es el momento?
Porque no es cierto que todos los mandatarios del planeta hayan acudido. También hubo ausencias importantes, entre ellas las de Xi Jinping y Vladimir Putin, además de otros jefes de Estado. Pero la ausencia mexicana adquiere particular interés porque ocurrió en una Asamblea en la que Donald Trump habló directamente sobre México, los cárteles y la violencia, mientras Sheinbaum posteriormente respondió desde México y defendió la relación de cooperación con Estados Unidos.
Y mientras en Nueva York se discutía el rumbo del mundo, aquí hay otro asunto que merece bastante más que una declaración mañanera.
El periodismo mexicano.
Una investigación del Human Rights Center de la Universidad de California, Berkeley, plantea que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional debería analizar si existe fundamento para un examen preliminar sobre posibles actos de persecución contra periodistas y defensores de derechos humanos en México. No es una investigación abierta por la CPI ni una determinación de que México haya cometido crímenes de lesa humanidad: es una propuesta de análisis sustentada en una investigación de varios años.
Los datos son difíciles de ignorar.
Berkeley documentó 78 periodistas y 259 defensores de derechos humanos asesinados entre diciembre de 2018 y septiembre de 2024, 337 víctimas en total. La investigación sostiene que esos homicidios deben analizarse junto con otras prácticas que documentó, entre ellas estigmatización desde las conferencias presidenciales, hostigamiento digital, vigilancia mediante herramientas como Pegasus, procesos legales contra críticos y altos niveles de impunidad.
Y aquí hay que decirlo con todas sus letras: buena parte de este problema se agravó durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente y fundador de Morena.
López Obrador hizo de las conferencias mañaneras una tribuna permanente para responder a sus críticos y cuestionar a medios y periodistas. ARTICLE 19 documentó durante su sexenio 3 mil 408 agresiones contra la prensa, 46 periodistas asesinados y cuatro desaparecidos; además, registró 179 agresiones en las propias mañaneras y señaló que desde el Ejecutivo se utilizaron expresiones estigmatizantes contra periodistas y medios.
No fue solamente una discusión política sobre los medios.
En 2023, por ejemplo, el Comité para la Protección de los Periodistas documentó las críticas de López Obrador contra ARTICLE 19, Proceso, Animal Político, Aristegui Noticias y la periodista Nayeli Roldán, después de publicaciones relacionadas con presuntas operaciones de espionaje con Pegasus. El CPJ señaló entonces que esos ataques verbales podían alimentar amenazas contra periodistas y organizaciones.
Y quizá ahí está uno de los puntos que no conviene olvidar: una cosa es que un presidente critique una nota, cuestione a un periodista o defienda su gobierno; otra es convertir desde el poder público a la prensa crítica en adversaria política permanente.
Porque cuando el discurso viene desde la cúspide del poder, sus efectos no necesariamente terminan cuando acaba la conferencia.
Y aquí conviene hacer una precisión: que una investigación universitaria plantee que la CPI debería examinar estos hechos no significa que la Corte haya concluido que hubo persecución ni crímenes de lesa humanidad. Eso tendría que determinarlo la propia Fiscalía de la CPI mediante sus procedimientos correspondientes.
Pero la pregunta queda.
¿Qué tan lejos puede llegar un gobierno al señalar públicamente a periodistas? ¿Cuándo una campaña de desprestigio deja de ser discurso político y se convierte en una herramienta de presión? ¿Y qué ocurre cuando el señalamiento público se combina con vigilancia, amenazas, agresiones y ausencia de justicia?
No son preguntas menores.
Y luego están las cifras que tampoco parecen coincidir con algunos discursos triunfalistas.
En Nuevo León, durante el segundo trimestre de 2026, el empleo formal creció 1.5 por ciento anual, mientras la población asalariada en condiciones de informalidad aumentó 12.2 por ciento, según el análisis de COPARMEX Nuevo León basado en la ENOE del INEGI.
Los afiliados al IMSS aumentaron en 29 mil 912 personas frente al segundo trimestre de 2025. Pero la población asalariada informal creció en 59 mil 49.
En total, el estado registró 1 millón 32 mil 913 personas ocupadas en condiciones de informalidad, equivalentes al 34.8 por ciento de la población ocupada, frente al 33.7 por ciento un año antes.
Y aquí también hay que tener cuidado con las palabras: estos números no dicen que Nuevo León sea “número uno” en empleo o en formalidad. Dicen algo mucho más concreto: que la informalidad está creciendo considerablemente más rápido que el empleo formal.
Transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento registraron un aumento de 40.3 por ciento en la ocupación informal; la manufactura, de 22.2 por ciento.
Entonces quizá el verdadero problema no sea encontrar siempre el discurso que mejor acomode a cada gobierno.
Quizá sea mirar dónde están las contradicciones.
