Con el objetivo de fortalecer la protección jurídica de las viviendas y cerrar posibles vacíos legales en los delitos de allanamiento de morada y despojo, el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a los artículos 295 y 296 del Código Penal de Nuevo León.
El legislador priista señaló que la redacción vigente presenta una omisión que, desde su perspectiva, puede dificultar la acreditación del delito, debido a que establece que incurre en allanamiento quien ingresa ilegalmente a un departamento, vivienda o casa “habitada”, sin precisar que quien ocupa el inmueble deba acreditar un título jurídico legítimo sobre éste.
La propuesta conserva las sanciones de seis meses a cuatro años de prisión contempladas actualmente para el delito de allanamiento de morada, pero plantea incrementar las multas.
De aprobarse la reforma, las sanciones económicas pasarían de un rango actual de 10 a 150 cuotas a uno de 100 a mil 500 cuotas, equivalentes, según lo expuesto en la iniciativa, a aproximadamente 11 mil 731 y hasta 175 mil 965 pesos.
Treviño Cantú explicó que otro de los cambios planteados consiste en eliminar el concepto de “violencia” del artículo 295, con el propósito de hacer efectiva la agravante prevista en el artículo 296.
De acuerdo con el legislador, la redacción actual genera una dificultad jurídica relacionada con el principio conocido como “non bis in idem”, que impide sancionar dos veces a una persona por el mismo hecho delictivo.
La iniciativa también busca armonizar la legislación estatal con la Ley General de Víctimas y corregir aspectos de técnica legislativa que, según el diputado, pueden favorecer a quienes ocupan o se apropian de manera ilegítima de inmuebles ajenos.
El coordinador priista sostuvo que la modificación pretende generar un tipo penal con mayor precisión jurídica y evitar que deficiencias en la redacción se conviertan en obstáculos para obtener sentencias condenatorias.
Treviño Cantú vinculó además la propuesta con el combate al despojo, al considerar que establecer mayores elementos de certeza respecto de los derechos sobre una vivienda puede contribuir a proteger el patrimonio de los propietarios legítimos.
La iniciativa fue presentada ante el Congreso del Estado como parte de la agenda temática del Grupo Legislativo del PRI para el actual periodo ordinario de sesiones.
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