Académicos, investigadores, comunidades indígenas y organizaciones ambientalistas plantearon la necesidad de fortalecer la protección de los recursos naturales, garantizar el acceso a la información y establecer mecanismos de vigilancia durante las audiencias públicas sobre la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Ante los desafíos que representan el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los problemas relacionados con la gestión del agua y el territorio, especialistas de distintas instituciones educativas y organizaciones civiles participaron en la primera jornada de audiencias para analizar las modificaciones propuestas a la legislación ambiental mexicana.
La diputada Xóchitl Nashielly Zagal Ramírez, de Morena, señaló que la realidad ambiental exige actualizar el marco jurídico con criterios científicos y la participación de quienes investigan los problemas ecológicos del país.
“Legislar hoy tiene que ser un acto de responsabilidad científica”, expresó la legisladora, quien destacó que la comunidad académica debe aportar el soporte técnico necesario para construir una legislación viable, justa y transformadora.
Durante la jornada se desarrollaron dos mesas de trabajo. La primera estuvo dedicada al análisis técnico y jurídico de la nueva ley, con la participación de académicos e investigadores, mientras que la segunda abordó la participación social y la protección ambiental desde la perspectiva de comunidades indígenas, habitantes de zonas rurales, activistas y organizaciones civiles.
Entre las instituciones participantes estuvieron la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como las universidades Anáhuac, Autónoma de Guerrero, Autónoma de la Ciudad de México y de Guadalajara, entre otras.
También participaron representantes de colegios profesionales, centros de investigación y organizaciones dedicadas a la conservación ambiental, la protección de especies y la defensa del territorio.
Uno de los principales planteamientos fue incorporar expresamente el concepto de justicia ecológica en la legislación, acompañado de herramientas tecnológicas que permitan mejorar la vigilancia de los ecosistemas y detectar posibles daños ambientales.
Los participantes propusieron utilizar plataformas de monitoreo satelital, mantener e incrementar los presupuestos destinados al medio ambiente y fortalecer los mecanismos de evaluación de impacto ambiental.
Asimismo, solicitaron revisar los artículos 58 y 173 para restablecer plazos de subsanación de hasta 60 días naturales en materia de impacto ambiental y eliminar los privilegios de equivalencia para proyectos públicos, con el propósito de establecer condiciones de equidad.
Otro de los asuntos abordados fue la protección del patrimonio geológico. Los especialistas señalaron que la conservación de la biodiversidad debe contemplar también las características geológicas del territorio mexicano, incluidas las zonas geovolcánicas y los geoparques.
Representantes de comunidades indígenas y organizaciones civiles plantearon que la nueva legislación debe garantizar información ambiental clara, comprensible y accesible, incluida su disponibilidad en lenguas originarias cuando corresponda.
También solicitaron incorporar las cosmovisiones de los pueblos originarios en la elaboración de las normas ambientales y abrir espacios permanentes de diálogo entre autoridades, instituciones académicas y organizaciones sociales.
Entre las propuestas destacaron la restauración de ecosistemas degradados, el reconocimiento del derecho humano a la alimentación, la protección de los polinizadores y la aplicación del principio de proporcionalidad, para que las obligaciones ambientales correspondan al riesgo real de cada actividad.
En las audiencias participaron organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Oceana, Costasalvaje, la Alianza Nacional Apícola y diversas agrupaciones dedicadas a la protección de los recursos naturales.
Por su parte, el diputado Luis Humberto Aldana Navarro, de Morena, agradeció la participación de los especialistas, representantes comunitarios y organizaciones que presentaron sus observaciones durante esta primera jornada.
Las propuestas expuestas forman parte del proceso de discusión de la reforma ambiental y todavía deberán analizarse antes de determinar cuáles se incorporarán al proyecto legislativo.
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