Monterrey, Nuevo León.– Para fortalecer la protección de las personas adultas mayores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias establecidas por la ley, la diputada Paola Linares, del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano, propuso crear el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias en Nuevo León.
La iniciativa plantea incorporar un nuevo capítulo a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Estado, con el propósito de concentrar la información relacionada con deudores y acreedores alimentarios y facilitar las acciones para proteger y restituir los derechos de las personas mayores.
“Las personas adultas mayores pueden tener el carácter de acreedores alimentistas, es necesario ejercer por todos los medios posibles el evitar riesgos en su incumplimiento y acotar de igual manera en todo lo posible a fin de garantizar este derecho”, señaló la legisladora.
La propuesta contempla que el registro sea actualizado mensualmente y que la consulta de información sobre personas deudoras alimentarias morosas se realice conforme a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales.
También establece que el Poder Judicial del Estado deberá proporcionar y mantener actualizada la información correspondiente.
Entre las medidas previstas se encuentra la expedición de certificados de no inscripción, que podrían ser solicitados para diversos trámites, entre ellos la obtención de licencias y permisos para conducir, el registro de candidaturas a cargos de elección popular, aspiraciones a cargos judiciales y determinados actos realizados ante notario.
La iniciativa también plantea que, al momento de solicitar un matrimonio, el Registro Civil informe si alguno de los contrayentes se encuentra inscrito en el registro y cuál es la situación de sus obligaciones alimentarias.
Otro de los mecanismos propuestos busca evitar que una persona deudora alimentaria morosa pueda utilizar su salida del país como una vía para evadir el cumplimiento de sus obligaciones, siempre que exista un riesgo determinado por la autoridad judicial.
“Con esta propuesta se busca reforzar las herramientas jurídicas e institucionales para que las personas adultas mayores puedan ejercer plenamente su derecho a recibir alimentos y contar con condiciones dignas durante esta etapa de su vida”, agregó Linares.
En caso de aprobarse la iniciativa, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Nuevo León tendría un plazo de hasta 180 días hábiles para implementar el Registro Estatal de Obligaciones Alimentarias.
Posteriormente, las autoridades estatales y municipales contarían con los plazos establecidos en la propuesta para realizar las adecuaciones necesarias a sus reglamentos y disposiciones administrativas.
La iniciativa quedará ahora sujeta al análisis y proceso legislativo correspondiente en el Congreso de Nuevo León.
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