Santiago.- Un total de 1.118 personas mayores fallecieron en Chile antes de ingresar a la lista de espera para acceder a una residencia estatal desde 2019, reveló un estudio de la Universidad Finis Terrae, que advirtió sobre problemas estructurales en el sistema de cuidados del país.
“Desde 2019 se registraron 3.802 postulaciones para ingresar a residencias públicas de personas mayores, pero solo 529 lograron incorporarse a la lista de espera, mientras que 1.118 personas fallecieron antes de alcanzar esa etapa del proceso”, explicó a la Agencia Sputnik el coordinador del Centro de Políticas Públicas en Salud de dicha universidad, Sebastián Zamorano.
En septiembre pasado, un incendio destruyó la residencia de adultos mayores El Edén, ubicada en la comuna de Pitrufquén (sur), provocando la muerte de 16 personas.
Tras la tragedia se supo que el establecimiento funcionaba sin autorización sanitaria y que había sido objeto de denuncias y fiscalizaciones por irregularidades, lo que abrió un debate sobre las condiciones de funcionamiento y supervisión de este tipo de recintos en el país.
El Centro de Políticas Públicas en Salud elaboró un estudio sobre el funcionamiento de las residencias públicas para personas mayores, utilizando registros oficiales obtenidos mediante solicitudes de transparencia, con el objetivo de identificar las principales dificultades de acceso y las condiciones en que opera el sistema.
El informe reveló que el Estado financia actualmente 6.766 plazas residenciales, de las cuales 1.318 corresponden a establecimientos propios del Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y 5.448 a hogares subsidiados de fundaciones y corporaciones.
La red propia de Senama mantiene una ocupación superior al 90 por ciento desde 2023 y, entre 2015 y julio de 2026, nueve de cada diez cupos se liberaron por el fallecimiento de sus residentes, mientras que la capacidad del sistema aumentó a un ritmo aproximado de 60 plazas nuevas por año.
“El primer hallazgo es que la red tiene muy poco margen para absorber nueva demanda, es una red que funciona principalmente por reemplazo y cuya expansión ha sido acotada”, señaló Zamorano.
El estudio también estableció que, al 31 de julio de 2026, había 346 personas mayores en lista de espera para acceder a una residencia pública, de las cuales 144 llevaban más de un año esperando y 46 acumulaban más de 900 días.
Asimismo, reveló que durante 2024 el 72 por ciento de los ingresos a los establecimientos propios de Senama fueron registrados administrativamente como casos de violencia intrafamiliar, una proporción que hasta 2022 se mantenía por debajo del 30 por ciento.
“Es una señal muy relevante que obliga a preguntarnos por qué una proporción tan importante de los ingresos está apareciendo asociada administrativamente a situaciones de violencia, protección o vulnerabilidad”, afirmó el investigador.
Otro de los problemas identificados fue la falta de información actualizada sobre las residencias existentes en Chile, cuyo último catastro nacional fue realizado en 2015.
Según los datos del Censo 2024 analizados por la universidad, 29.755 personas mayores de 60 años viven en viviendas colectivas, entre ellas residencias, hospitales y otras instituciones, de las cuales 17.500 tienen al menos 80 años.
Zamorano advirtió que el Ministerio de Salud ha identificado cerca de 500 establecimientos sin autorización sanitaria, lo que evidencia la necesidad de mejorar los mecanismos de identificación, fiscalización y regularización de estos recintos.
PROPUESTAS
El investigador explicó que el estudio contempla 20 recomendaciones para mejorar el funcionamiento de las residencias, especialmente en materia de acceso, seguridad, fiscalización y coordinación entre instituciones.
“Desde el Centro de Políticas Públicas en Salud creemos que la respuesta no puede limitarse solamente a fiscalizar y cerrar establecimientos, la fiscalización es indispensable, pero la evidencia que analizamos muestra que la red ya está muy exigida”, sostuvo.
Entre las principales propuestas figura establecer un programa de regularización progresiva de las residencias informales, con controles de seguridad, clasificación de riesgos, plazos de cumplimiento y asistencia técnica.
“La gradualidad no significa bajar los estándares ni postergar condiciones esenciales de seguridad, hay aspectos que deben certificarse desde el inicio en todo establecimiento conocido, especialmente la seguridad contra incendios, las vías de evacuación y la presencia permanente de personal de cuidado durante los turnos”, explicó.
Zamorano enfatizó que aquellos establecimientos donde exista riesgo vital deben cerrarse inmediatamente, pero con el Estado asumiendo la responsabilidad de reubicar a sus residentes.
“El envejecimiento es un fenómeno transversal que impacta salud, cuidados, vivienda, protección social y desarrollo territorial, por eso necesitamos una política de Estado de largo plazo y no solamente respuestas frente a cada emergencia”, afirmó Zamorano.
Por último, planteó mejorar los procedimientos de postulación, evitar que las solicitudes caduquen automáticamente y permitir el acceso de personas mayores que no cuentan con familiares o representantes que puedan realizar los trámites. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
eitmedia.mx
