El coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso de Nuevo León, Heriberto Treviño Cantú, presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Servicio Civil del Estado para establecer alternativas de solución en los conflictos por despidos injustificados de trabajadores de base y reducir la incertidumbre jurídica en el sector público.
La propuesta busca atender un vacío legal que, de acuerdo con el legislador, puede generar controversias entre los servidores públicos y las autoridades cuando se da por terminada una relación laboral, situación que en algunos casos deriva en procedimientos judiciales prolongados.
La iniciativa fue presentada ante la Oficialía de Partes del Poder Legislativo y contempla adicionar el artículo 39 Bis 1 de la Ley del Servicio Civil, con el propósito de que los trabajadores de base del Estado y los municipios puedan optar entre la reinstalación en su puesto o una indemnización para resolver los conflictos derivados de una separación injustificada.
Treviño Cantú explicó que la legislación vigente establece condiciones para evitar el cese de trabajadores de base sin una causa justificada, pero consideró necesario actualizarla para incorporar alternativas que brinden mayor claridad a las partes involucradas, en concordancia con los criterios jurisprudenciales existentes.
“Con esta reforma pretendo subsanar un vacío legal y establecer condiciones de mayor certidumbre para resolver las controversias derivadas de juicios por separación injustificada de los trabajadores al servicio del Estado y los municipios”, señaló.
El coordinador priista sostuvo que contar con reglas claras permitiría que tanto las autoridades como los servidores públicos conozcan sus derechos y obligaciones, además de facilitar acuerdos que eviten que las diferencias laborales se prolonguen durante años en los tribunales.
La iniciativa deberá seguir el proceso legislativo correspondiente para su análisis y eventual dictaminación. De aprobarse, establecería nuevas disposiciones para atender los conflictos por separación injustificada de trabajadores de base en la administración estatal y municipal.
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