Samuel ya piensa en 2027 mientras el agua sucia y las protestas exhiben el desgaste de los gobiernos
Samuel García cumplió cinco años en el gobierno de Nuevo León y, en lugar de limitarse a rendir cuentas, decidió poner la elección de 2027 sobre la mesa. “En ocho meses es la elección donde Nuevo León va a decidir si sigue lo nuevo o si regresa la vieja política”, sentenció, como si la política pudiera reducirse a escoger entre una etiqueta naranja y los adversarios de siempre.
El gobernador quiere que los ciudadanos recuerden sus obras, sus programas y sus promesas cumplidas. Lo que no puede pretender es que cinco años de propaganda institucional basten para convertir su administración en un éxito indiscutible. El Metro, los camiones, las carreteras, el agua y la seguridad no se califican por el número de veces que aparecen en un discurso, sino por lo que realmente funcionan, lo que cuestan y lo que todavía falta.
Decir que lo nuevo cumple es fácil; demostrarlo es otra historia. Y si Samuel necesita advertir que el regreso de la vieja política sería un retroceso, también debería aceptar que su gobierno será juzgado por sus propios resultados, no solamente por los errores de quienes lo precedieron. La renovación política no consiste en cambiar los colores de la propaganda, sino en resolver los problemas que siguen esperando respuesta.
Pero mientras el gobernador se adelanta al calendario electoral, en Jalisco la realidad irrumpió con una crudeza que ningún eslogan puede disimular. La crisis por la calidad del agua llevó a ciudadanos a las calles de Guadalajara para exigir un servicio digno. La protesta frente a Casa Jalisco terminó con enfrentamientos, gases lacrimógenos, personas lesionadas y detenciones. Una demanda elemental —tener agua limpia en casa— acabó convertida en un conflicto entre ciudadanos y autoridades.
¿Qué tan lejos puede llegar la desconfianza cuando la gente lleva meses denunciando agua turbia, malos olores y sedimentos, y siente que las respuestas no resuelven el problema? El agua no es un favor del gobierno ni una concesión política: es un servicio básico. Y cuando quienes reclaman terminan golpeados, gaseados o detenidos, la autoridad tiene que explicar no solamente qué hará para garantizar el suministro, sino también cómo actuaron sus fuerzas de seguridad y cuál es la situación de las personas arrestadas.
El gobernador Pablo Lemus enfrenta ahora una prueba que no se supera con anuncios. Necesita ofrecer información clara sobre la calidad del agua, explicar las medidas para corregirla y establecer plazos verificables. La ciudadanía no tiene por qué conformarse con promesas mientras continúa abriendo la llave con incertidumbre.
Y el gobierno federal tampoco puede mirar hacia otro lado. El Instituto Mexicano del Seguro Social enfrenta inconformidades de trabajadores que reclaman mejores condiciones laborales, salarios y medicamentos para los derechohabientes. Las movilizaciones y las demandas sindicales abren otro frente para la administración de Claudia Sheinbaum, que ha colocado el acceso a la salud entre las prioridades de su proyecto.
Zoé Robledo asegura que el Instituto respeta las manifestaciones y que las demandas deben escucharse. Es lo mínimo que puede decir un funcionario público. La verdadera prueba consiste en convertir ese discurso en soluciones: que los pacientes encuentren sus medicamentos, que el personal tenga condiciones adecuadas para trabajar y que las diferencias sindicales no terminen perjudicando a quienes dependen de los servicios médicos.
Aquí aparece una contradicción que atraviesa los tres escenarios. Los políticos hablan de transformación, renovación y grandes proyectos, pero los ciudadanos siguen reclamando servicios esenciales. En Nuevo León, Samuel pide respaldo para que no regrese la vieja política; en Jalisco, la gente exige agua que pueda recibir con confianza; y en el IMSS, trabajadores y pacientes esperan que las promesas de atención y bienestar se reflejen en la realidad.
La política mexicana tiene una costumbre demasiado conveniente: convertir cada logro en mérito del gobernante y cada problema en herencia de sus antecesores, culpa de los adversarios o dificultad que requiere más tiempo. Así cualquiera construye una narrativa favorable. Lo difícil es asumir responsabilidades cuando las obras se retrasan, los servicios fallan o las demandas sociales terminan en la calle.
