Ciudad de México.- El Senado de la República aprobó una reforma a la Ley Aduanera que endurece las sanciones por irregularidades relacionadas con combustibles y amplía las facultades de las autoridades para retener mercancías importadas cuando detecten diferencias entre los precios declarados y los de productos iguales o similares.
El dictamen fue avalado con 66 votos a favor, 34 en contra y una abstención. Entre los cambios destacan multas de hasta el 100 por ciento del valor de los combustibles en determinadas infracciones aduaneras, así como modificaciones a los criterios que permiten revisar y retener mercancías por posibles irregularidades en su importación.
Uno de los ajustes centrales elimina el requisito de que el precio declarado de una mercancía sea al menos 50 por ciento inferior al de productos comparables para que pueda proceder su retención. Con la reforma, las autoridades podrán iniciar una revisión cuando identifiquen diferencias de precio, aunque estas no constituyen por sí mismas una prueba de fraude.
La modificación también reduce de 50 a 20 por ciento el umbral de diferencia de valor que puede hacer presumir una infracción en determinados supuestos, particularmente cuando la subvaluación implica que se hayan dejado de pagar, total o parcialmente, impuestos al comercio exterior.
El nuevo esquema establece condiciones para que los importadores puedan recuperar sus productos mientras se resuelve un procedimiento aduanero. Cuando la diferencia detectada sea de 20 por ciento o más, deberán realizar un depósito en efectivo por los impuestos y las cuotas compensatorias correspondientes a esa diferencia, conforme a las disposiciones aplicables.
Los importadores también podrán acreditar que las mercancías ingresaron legalmente al país, que no correspondía retenerlas o que el valor declarado fue calculado correctamente. Si la autoridad acepta las pruebas presentadas, deberá devolver los productos y, según corresponda, reintegrar el depósito o liberar la garantía.
Durante la discusión legislativa, el senador Gerardo Fernández Noroña defendió el dictamen y señaló que los cambios buscan fortalecer el marco jurídico para combatir las irregularidades aduaneras y mejorar la capacidad del Estado para atender sus necesidades financieras.
Desde la oposición, la senadora priista Carolina Viggiano manifestó que su partido respalda las acciones contra el contrabando, la subvaluación y el huachicol fiscal, pero cuestionó el alcance de las nuevas facultades otorgadas a las autoridades aduaneras.
La legisladora advirtió que algunos criterios para aplicar las disposiciones quedarán sujetos a reglas administrativas posteriores, lo que, desde su perspectiva, podría generar decisiones discrecionales en la retención de mercancías.
En la misma línea, el senador panista Mario Vázquez Robles reconoció que la subvaluación afecta a los productores nacionales y que el huachicol fiscal representa un problema para las finanzas públicas. Sin embargo, alertó que las diferencias de precio también pueden responder a condiciones comerciales legítimas, como descuentos o acuerdos de compra.
Vázquez Robles advirtió además sobre posibles riesgos de corrupción, extorsión y favoritismo si los procedimientos no cuentan con límites suficientemente claros. También señaló que la obligación de realizar depósitos en efectivo podría afectar a pequeñas y medianas empresas al inmovilizar recursos mientras se resuelven los procedimientos aduaneros.
La reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2027. Su aplicación modificará los criterios para la revisión de mercancías importadas y el tratamiento de determinadas irregularidades relacionadas con el valor declarado y el pago de contribuciones al comercio exterior.
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