La Cámara de Diputados avanza en la discusión del Paquete Económico 2027, una propuesta que contempla un techo de endeudamiento interno de hasta 1.7 billones de pesos para el Gobierno federal y ajustes a las cuotas por diversos servicios y derechos. El plan financiero de la administración de Claudia Sheinbaum abrió un nuevo frente de debate con la oposición, que cuestiona el nivel de deuda, el alcance de los incrementos y sus posibles efectos sobre empresas, consumidores y sectores productivos.
La Comisión de Hacienda de San Lázaro aprobó el dictamen de la Ley de Ingresos para 2027, que proyecta ingresos totales por 10 billones 636 mil millones de pesos. La propuesta incluye, además del endeudamiento interno, un límite de financiamiento externo por 13 mil 500 millones de dólares. Al corte del 13 de octubre, el dictamen se encontraba pendiente de discusión y votación en el pleno de la Cámara de Diputados.
El financiamiento propuesto forma parte de una estrategia que combina recaudación tributaria, ingresos por derechos, aprovechamientos y deuda. De acuerdo con el proyecto, el Gobierno federal prevé obtener alrededor de 6.26 billones de pesos mediante impuestos y 177 mil 185.9 millones de pesos por derechos durante el ejercicio fiscal de 2027.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la reforma a la Ley Federal de Derechos, aprobada en lo general por la Cámara de Diputados con 329 votos a favor, 117 en contra y ninguna abstención. El dictamen contempla ajustes a los cobros por servicios consulares, permisos y licencias sanitarias, trámites ambientales, uso del espacio aéreo, aprovechamiento de zonas federales y explotación de vías férreas, entre otros conceptos.
Aunque Morena y sus aliados defendieron los cambios como una actualización de cuotas para acercarlas al costo de los servicios públicos y establecer cobros acordes con el aprovechamiento de bienes nacionales, legisladores de oposición cuestionaron los incrementos previstos en distintos rubros.
El diputado priista Christian Castro Bello advirtió que el aumento en los derechos migratorios y en diversos servicios sanitarios y ambientales podría elevar los costos de operación de las empresas y trasladarse a los consumidores. También cuestionó el incremento previsto para determinados trámites relacionados con la adquisición de inmuebles por parte de extranjeros fuera de las zonas restringidas.
Desde el PAN, el diputado Héctor Saúl Téllez sostuvo que algunos aumentos serían desproporcionados frente al costo real de los servicios. Como ejemplo, señaló el ajuste previsto para la licencia sanitaria de servicios de transfusión sanguínea, cuyo cobro pasaría de mil 482 a 17 mil 349 pesos, según los datos expuestos durante el debate legislativo.
La oposición también puso el foco en el endeudamiento. El PRI y el PAN han cuestionado las proyecciones económicas del paquete, el nivel de financiamiento solicitado y las prioridades presupuestarias, además de advertir sobre posibles presiones para los contribuyentes y recortes en áreas estratégicas, particularmente en materia energética.
En contraste, el presidente de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, defendió la Ley de Ingresos al señalar que busca fortalecer la recaudación mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales, la eficiencia administrativa y el combate a la evasión y la elusión. La propuesta no contempla nuevos impuestos ni un aumento generalizado de las tasas vigentes, aunque sí incluye modificaciones a cuotas, derechos y mecanismos de control fiscal.
La discusión del paquete económico ocurre en un contexto en el que el Gobierno federal busca financiar sus compromisos de gasto para el próximo año sin plantear una reforma fiscal integral. La combinación de mayores necesidades de financiamiento y cambios en los cobros federales mantiene el debate sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el impacto que las medidas podrían tener en la actividad económica.
La Ley de Ingresos y el resto de los dictámenes deben completar el proceso legislativo correspondiente. Hasta que concluyan las votaciones y se publique el marco definitivo, las cifras y disposiciones deben considerarse parte de la propuesta presupuestaria para 2027.
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