Un juez de control vinculó a proceso a Miguel “N”, detenido en el Aeropuerto Internacional de Monterrey con cuatro maletas que contenían 189 botellas con un total de 94.5 litros de cocaína líquida, sustancia que presuntamente intentó introducir al país.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que, tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal, la autoridad judicial determinó procesarlo por su probable responsabilidad en un delito contra la salud, en la modalidad de introducción de cocaína a territorio nacional.
Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado permanecerá internado en el Centro de Reinserción Social número 1 Norte, ubicado en Apodaca, Nuevo León. Además, estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Los hechos se registraron en el recinto aduanal del aeropuerto, donde personal de la aduana solicitó apoyo a elementos de la Policía Federal Ministerial, adscritos a la Agencia de Investigación Criminal, para revisar cuatro maletas que ingresaron por la Terminal A.
Durante la inspección mediante equipos de rayos X, los agentes detectaron que las botellas transportadas en cajas de cartón contenían un líquido con una densidad inusual. Al ser cuestionado, Miguel “N” señaló que se trataba de medicamento, pero no contaba con la documentación correspondiente.
La revisión también incluyó la intervención de un binomio canino, que detectó la posible presencia de sustancias ilícitas. Posteriormente, el pasajero fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Federal en Nuevo León.
Los análisis de química forense confirmaron que el líquido asegurado correspondía a cocaína en estado líquido, con un volumen total de 94.5 litros distribuidos en las 189 botellas.
La FGR continuará con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del traslado de la sustancia y determinar las responsabilidades correspondientes.
Miguel “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.
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