La ausencia del gobernador Samuel García Sepúlveda en la sesión solemne del Congreso de Nuevo León para la recepción de su Quinto Informe de Gobierno volvió a colocar en el centro de la discusión la rendición de cuentas, el cumplimiento de los compromisos de la administración estatal y los resultados que, a cinco años de gestión, todavía reclaman los grupos legislativos.
Por cuarto año consecutivo, el mandatario no compareció presencialmente ante el Poder Legislativo. La presidenta del Congreso, Perla Villarreal Valdez, denunció que la ausencia contraviene el artículo 79 de la Constitución estatal y cuestionó que, al momento de su intervención, tampoco se hubiera entregado formalmente el documento correspondiente al informe.
La legisladora consideró insuficiente que el Ejecutivo recurra a campañas publicitarias, redes sociales y eventos para presentar los avances de su administración, cuando la obligación de rendir cuentas ante la representación popular exige responder por los resultados y los asuntos que permanecen sin resolver.
“Lo nuevo no cumple, lo nuevo no da la cara, lo nuevo violenta la ley”, expresó Villarreal Valdez al cuestionar la estrategia de comunicación del Gobierno estatal. También advirtió que el Congreso no otorgará un respaldo incondicional a nuevas solicitudes de deuda y anticipó que la discusión del Presupuesto 2027 deberá contemplar transparencia, equidad y reglas claras para la distribución de recursos.
La ausencia del gobernador marcó los posicionamientos de las distintas bancadas, que, desde perspectivas políticas diferentes, coincidieron en la necesidad de revisar los pendientes de Nuevo León, aunque mantuvieron diferencias sobre la evaluación de la administración emecista.
Desde el PAN, el diputado Ignacio Castellanos Amaya lanzó uno de los señalamientos más severos al advertir que el último año de Gobierno representa una oportunidad para corregir el rumbo y evitar que la gestión concluya con un balance negativo.
“Este Gobierno, de no cambiar de rumbo, está condenado a pasar a la ignominia, a la vergüenza de ser el peor Gobierno que ha existido en la historia de Nuevo León”, sostuvo.
El legislador aseguró que la administración estatal ha privilegiado los anuncios y la promoción de proyectos por encima de la conclusión de obras y la solución de problemas cotidianos. Como ejemplos, mencionó las líneas del Metro, la incorporación de unidades de transporte público y proyectos de inversión que, de acuerdo con su posicionamiento, no han cumplido las expectativas generadas.
En materia de movilidad, cuestionó las afectaciones que enfrentan los usuarios, los tiempos de espera y los incrementos tarifarios registrados durante la administración. También criticó los anuncios relacionados con Tesla, el estadio de Tigres, NVIDIA y el nuevo edificio del Congreso, al considerar que los compromisos difundidos públicamente no se han traducido, en todos los casos, en resultados concretos.
Castellanos Amaya extendió sus cuestionamientos a las finanzas estatales, el agua y el drenaje, la salud y el medio ambiente. Asimismo, formuló acusaciones sobre presuntas extorsiones, posibles irregularidades en contratos públicos y una supuesta triangulación de recursos para fines políticos, además de cuestionar el gasto destinado a publicidad gubernamental, que afirmó supera los 600 millones de pesos. Estos señalamientos fueron expuestos por el legislador durante su intervención y deben distinguirse de hechos acreditados mediante investigaciones o resoluciones oficiales.
El diputado panista ofreció la disposición de su bancada para construir acuerdos, siempre que exista voluntad de atender las necesidades de enfermos, estudiantes, niños, familias y productores agropecuarios.
Por el PRI, Javier Caballero Gaona sostuvo que la evaluación del Gobierno estatal debe partir de los resultados verificables y no de la cantidad de anuncios o proyectos presentados. Aunque reconoció la reducción de homicidios como un avance relevante, advirtió que la seguridad requiere continuidad y que ese resultado no elimina los rezagos en otras áreas.
“El mejor informe de Gobierno no se mide por lo que anuncia un gobernador, sino por lo que pueden comprobar los ciudadanos”, afirmó.
Caballero señaló que los pendientes en movilidad, agua, salud, educación y medio ambiente requieren compromisos con fechas, responsables y resultados medibles. También expresó preocupación por el crecimiento de la deuda estatal y las disminuciones en las calificaciones crediticias de Nuevo León, por lo que demandó mayor claridad sobre el costo del endeudamiento, los contratos públicos y los procedimientos de adjudicación.
Desde Morena, la diputada Greta Barra manifestó que las familias necesitan respuestas sobre las obras que todavía no se convierten en servicios disponibles, las dificultades de acceso al agua y las medidas de seguridad en los proyectos de infraestructura. También cuestionó cuándo se concretará la firma de la pensión para personas con discapacidad, uno de los asuntos que, dijo, su bancada seguirá impulsando.
Barra sostuvo que la presencia del gobernador habría permitido escuchar directamente los cuestionamientos de los representantes populares y conocer los plazos para resolver los compromisos pendientes.
Por su parte, la diputada Claudia Chapa, del Partido Verde Ecologista de México, consideró que después de cinco años la evaluación gubernamental debe superar las expectativas iniciales y centrarse en los resultados. Reclamó menos improvisación, mayor planeación y políticas públicas permanentes, en lugar de soluciones temporales y estrategias de promoción.
La legisladora puso el acento en la responsabilidad de los gobiernos de resolver los problemas de la población, en vez de limitarse a comunicar que las cosas marchan bien.
La representante del Partido del Trabajo, Guadalupe Rodríguez Martínez, planteó que el desarrollo estatal no debe medirse exclusivamente por la magnitud de las obras o el crecimiento económico, sino por el bienestar de las familias, la justicia social y las oportunidades disponibles para la población.
La diputada llamó a fortalecer la educación pública, los servicios de salud, los salarios dignos y los derechos laborales, además de atender los retos de movilidad, vivienda, agua, medio ambiente y crecimiento poblacional mediante acuerdos institucionales y políticas de largo plazo.
En contraste con las críticas de la oposición, el diputado de Movimiento Ciudadano, José Luis Garza, defendió la importancia del diálogo y la continuidad de los proyectos orientados al desarrollo de Nuevo León. Sostuvo que la transformación del estado debe traducirse en mejores condiciones de vida y mayores oportunidades para las nuevas generaciones.
Desde la bancada independiente, Rodrigo Montemayor también exigió compromisos verificables y cuestionó la ausencia del mandatario. El legislador sostuvo que las promesas deben acompañarse de fechas concretas para su cumplimiento.
“Nos convencen con fechas. Y lo que usted le debe a Nuevo León son fechas, no palabras”, expresó.
La sesión dejó sobre la mesa una serie de exigencias que deberán retomarse durante el análisis legislativo del informe y las comparecencias de los titulares de las dependencias estatales. Entre ellas figuran la conclusión de las obras de movilidad, el abastecimiento de agua, la transparencia en el ejercicio del gasto, la situación financiera de los organismos públicos y el cumplimiento de los compromisos sociales.
Villarreal Valdez advirtió que el Congreso también mantendrá vigilancia sobre el Presupuesto 2027 y las elecciones del próximo año, con el objetivo de impedir el uso de recursos públicos con fines partidistas y proteger la autonomía de las autoridades electorales.
A cinco años del inicio de la administración de Samuel García, el balance político presentado en el Congreso estuvo marcado por una exigencia común: que los anuncios gubernamentales puedan contrastarse con resultados comprobables. La ausencia del mandatario impidió que los cuestionamientos planteados en tribuna tuvieran una respuesta directa durante la sesión solemne, mientras que la glosa del informe abrirá una nueva etapa para revisar los avances, las omisiones señaladas y los compromisos que todavía esperan cumplimiento.
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