Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley de Ingresos de la Federación para 2027, que contempla recursos por 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos y autoriza al Gobierno federal a contratar hasta un billón 700 mil millones de pesos de endeudamiento neto interno, además de 13 mil 500 millones de dólares de deuda externa. La aprobación provocó reclamos de legisladores de oposición, quienes cuestionaron que el país continúe comprometiendo recursos futuros mientras aumenta el costo de las obligaciones financieras.
El dictamen recibió 331 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención. De los ingresos previstos, 6 billones 263 mil 886.8 millones de pesos provendrían de impuestos, mientras que un billón 479 mil 959.2 millones corresponderían a ingresos derivados de financiamientos. La propuesta también establece límites de endeudamiento para Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Gobierno de la Ciudad de México.
Durante la discusión, diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano advirtieron que el problema no se limita al monto de los recursos que pretende obtener el Gobierno, sino al destino del financiamiento, el costo de los intereses y la falta de garantías para que la deuda se traduzca en inversión productiva y mejores servicios públicos.
La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Flores Elizondo, rechazó el dictamen y sostuvo que el endeudamiento debe estar vinculado con proyectos que generen beneficios verificables para la población. Señaló que, mientras el costo financiero de la deuda se estima en alrededor de 1.57 billones de pesos, la inversión física prevista asciende a aproximadamente 1.03 billones.
La legisladora planteó que cada peso contratado mediante deuda tenga un destino identificable, con proyectos, fechas y responsables, para que la ciudadanía pueda conocer cómo se utilizan los recursos y exigir resultados.
Desde el PRI, Yerico Abramo Masso cuestionó el crecimiento del costo financiero y advirtió que las obligaciones acumuladas reducen el margen presupuestal disponible para salud, educación, infraestructura y programas sociales. El diputado consideró que la estrategia fiscal no resuelve los problemas estructurales de las finanzas públicas y mantiene la dependencia del financiamiento.
Su compañero de bancada, Emilio Suárez Licona, también alertó sobre el incremento de la deuda pública entre 2018 y 2026 y señaló que el pago de intereses y comisiones representa una presión creciente para el presupuesto. Afirmó que esos recursos podrían tener un impacto directo en la vida de las familias si se destinaran a atender necesidades prioritarias.
Por el PAN, Eva María Vásquez Hernández aclaró que su bancada no se opone a contratar deuda cuando se utiliza para construir hospitales, carreteras, escuelas e infraestructura hidráulica. Sin embargo, cuestionó que se comprometan recursos de las próximas generaciones sin explicar de manera suficiente para qué se utilizarán.
La legisladora también criticó que no prosperara la propuesta para exentar de impuestos el aguinaldo de los trabajadores y señaló la falta de recursos para promoción turística y combate al sargazo.
El panista José Guillermo Anaya Llamas cuestionó que el Gobierno federal recurra a nuevos créditos mientras enfrenta obligaciones financieras acumuladas. En tanto, Laura Cristina Márquez Alcalá sostuvo que antes de autorizar más deuda deben transparentarse sus costos, los cálculos que sustentan los ingresos proyectados y los resultados que se esperan obtener.
Las críticas opositoras se centraron así en una pregunta: ¿cuánto de los recursos que México pretende contratar se traducirá en obras y servicios, y cuánto deberá destinarse a cubrir compromisos financieros anteriores?
En defensa del dictamen, legisladores de Morena y sus aliados sostuvieron que la propuesta fortalece la capacidad recaudatoria y permite financiar las responsabilidades del Estado sin crear nuevos impuestos generales.
El morenista Daniel Murguía Lardizábal destacó que los ingresos totales previstos representan un crecimiento real de 1.1 por ciento respecto a 2026 y defendió la recaudación tributaria como una fuente fundamental para sostener los programas sociales. Por su parte, Carmen Patricia Armendáriz Guerra afirmó que la estrategia busca combatir la evasión y la elusión fiscal, fortalecer los controles aduaneros y enfrentar el contrabando.
Desde el Partido Verde, Ernesto Núñez Aguilar argumentó que el endeudamiento interno del Gobierno federal disminuye 14.5 por ciento en términos reales respecto al nivel de referencia utilizado en la propuesta, mientras que la recaudación de impuestos aumenta. El diputado sostuvo que la Ley de Ingresos constituye la base financiera para que el Estado cumpla sus obligaciones.
El coordinador del Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores, reconoció que los recursos proyectados no serán suficientes para cubrir todas las necesidades del país, pero respaldó el dictamen al considerar que sus planteamientos son consistentes con los indicadores macroeconómicos previstos.
La discusión también incluyó los techos de endeudamiento de las empresas públicas. Para Pemex se autoriza deuda neta interna de hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y externa de hasta 5 mil 259.4 millones de dólares. En el caso de la CFE, los límites son de 16 mil 742 millones de pesos de deuda interna y 725 millones de dólares de deuda externa. A la Ciudad de México se le permite contratar hasta 3 mil 500 millones de pesos para financiar obras contempladas en su presupuesto de 2027.
La autorización de estos límites no significa que la totalidad de los montos tenga que contratarse, pero sí establece el margen legal de financiamiento disponible para el siguiente ejercicio fiscal. Por ello, la vigilancia sobre el uso de los recursos y la evolución del costo financiero será determinante para evaluar el impacto de la estrategia.
Con la aprobación en lo general, la Cámara de Diputados avanzó en la discusión de la Ley de Ingresos, aunque quedaron propuestas de modificación para el debate en lo particular. La confrontación entre oficialismo y oposición dejó como principal punto de desacuerdo el costo de sostener las finanzas públicas mediante deuda y las garantías de que el financiamiento se traduzca en beneficios concretos para la población.
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