El poder bajo presión: las encuestas, la inteligencia artificial y el grito de los trabajadores del IMSS
La política tiene sus números; el periodismo, sus nuevas herramientas, y las instituciones, sus responsabilidades. Pero cuando las encuestas exhiben una competencia sin dueño, la inteligencia artificial amenaza con cambiar las reglas de la información y los trabajadores del IMSS rechazan una propuesta salarial, queda claro que los discursos de quienes toman decisiones ya no bastan. La realidad exige resultados, y la ciudadanía tiene derecho a pedir cuentas.
En Nuevo León, la carrera por la gubernatura de 2027 comienza a exhibir las debilidades de todos. La encuesta de Polister coloca a Movimiento Ciudadano, PAN-PRI y Morena prácticamente en empate cuando se pregunta por partidos. Con nombres, Adrián de la Garza y Mariana Rodríguez aparecen al frente de los escenarios medidos, pero la fotografía está incompleta: faltan posibles aspirantes y todavía no se definen todas las condiciones de la contienda. Reconocer el trabajo de la encuestadora es indispensable; convertir sus resultados en una profecía sería un error.
Lo verdaderamente interesante no es quién aparece unas décimas arriba, sino lo que el estudio revela sobre el ánimo ciudadano. Una mayoría consultada prefiere un cambio de rumbo, aunque la aprobación de Samuel García sea relativamente favorable. Ahí está el mensaje que las dirigencias deberían escuchar: aprobar determinadas acciones no significa entregar un cheque en blanco, y querer cambios tampoco implica haber elegido ya a quien habrá de encabezarlos.
Los partidos pueden seguir midiendo nombres, negociando alianzas y calculando ventajas, pero la ciudadanía necesita saber algo más importante: qué proponen, cómo piensan cumplirlo y qué resultados pueden ofrecer. Las encuestas sirven para orientar la discusión, no para sustituirla. Y si algunos aspirantes todavía no aparecen en los escenarios publicados, la prudencia obliga a reconocer que el tablero no está completo.
Mientras los políticos miran los porcentajes, el periodismo enfrenta otra prueba. La inteligencia artificial avanza sobre las redacciones y acuerdos como el anunciado entre CNN y Google muestran que los grandes medios ya buscan nuevas formas de producir, distribuir y acercar contenidos a sus audiencias. Negarse a entender ese cambio sería cerrar los ojos; adoptarlo sin reglas sería renunciar a una parte esencial de la responsabilidad periodística.
La tecnología puede acelerar procesos, ayudar a analizar información y abrir nuevas vías de acceso. Pero no tiene licencia para reemplazar el criterio, la verificación ni la responsabilidad editorial. Una máquina puede redactar con rapidez; la credibilidad, en cambio, se construye con rigor. ¿Quién responde cuando una herramienta difunde un dato falso? ¿Cómo se protege el trabajo de los periodistas y la propiedad intelectual? ¿Qué garantías tiene el público de distinguir información comprobada de contenido generado automáticamente?
El peligro no es la inteligencia artificial en sí misma, sino utilizarla sin controles, confundir velocidad con calidad y sacrificar la verificación en la carrera por captar audiencia. La innovación puede ser una aliada del periodismo, pero nunca un pretexto para debilitar su credibilidad.
Y si en la política los números no garantizan triunfos y en el periodismo la tecnología no garantiza calidad, en el IMSS una oferta económica tampoco garantiza conformidad. El rechazo de los trabajadores a la propuesta salarial de 6.8 por ciento, integrada por 2.9 por ciento directo al salario y 3.9 por ciento en prestaciones, obligó a abrir una nueva mesa de negociación. El resultado de la consulta sindical dejó una señal que las autoridades no pueden ignorar: la propuesta no consiguió el respaldo mayoritario de quienes participaron.
No se trata de desconocer las restricciones presupuestales, sino de entender que una negociación requiere escuchar a los trabajadores y buscar alternativas. El desacuerdo salarial es importante, pero hay otra exigencia que no puede quedar relegada: las quejas por la falta de medicamentos e insumos médicos.
Para quien necesita un tratamiento, la ausencia de una medicina no es un asunto administrativo ni una cifra en un informe. Es un problema que afecta directamente su salud y la tranquilidad de su familia. Las autoridades del Instituto deben atender las condiciones laborales de su personal, pero también garantizar, dentro de sus responsabilidades, que los derechohabientes reciban atención y acceso oportuno a sus medicamentos.
