Diputados federales del PRI cuestionaron la política económica del Gobierno Federal durante la comparecencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, al advertir sobre el bajo crecimiento económico, las dificultades que enfrenta el campo mexicano y la incertidumbre que rodea las inversiones y la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Bajo la coordinación parlamentaria de Rubén Moreira Valdez, los legisladores priistas plantearon la necesidad de fortalecer la producción agropecuaria, recuperar el financiamiento para las micro, pequeñas y medianas empresas y acelerar proyectos de infraestructura e inversión que impulsen el desarrollo regional.
El diputado Mario Zamora Gastélum pidió respaldar a los productores de Sinaloa, especialmente a la industria del tomate, que enfrenta un arancel antidumping del 17 por ciento. También expresó preocupación por las tensiones comerciales con Estados Unidos y la propuesta de establecer revisiones anuales al T-MEC, factores que, señaló, podrían incrementar la incertidumbre para distintos sectores productivos.
En materia agropecuaria, Zamora advirtió sobre la reducción presupuestal de recursos destinados al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) en Sinaloa, ante el próximo inicio de la temporada agrícola. En ese contexto, llamó a mantener las acciones de sanidad vegetal y vigilancia frente a riesgos como el gusano barrenador.
El legislador sostuvo que el crecimiento económico promedio inferior al uno por ciento durante casi ocho años, según sus estimaciones, obliga a replantear las estrategias para incentivar la inversión pública y privada. Entre los proyectos que consideró prioritarios mencionó el desarrollo minero de Santo Tomás, en Choix; los polos de desarrollo de Topolobampo; las plantas de amoniaco y el proyecto de etanol de Mexinol.
También criticó el debilitamiento de instituciones de financiamiento, como Nacional Financiera (NAFIN), y la desaparición de la Financiera Rural. A su juicio, es necesario recuperar mecanismos de crédito para las empresas y establecer incentivos para actividades con potencial de crecimiento, entre ellas los semiconductores, la biotecnología y la inteligencia artificial.
Por su parte, la diputada Leticia Barrera Maldonado centró sus cuestionamientos en la rentabilidad del campo y el aumento de la dependencia de México respecto a las importaciones de alimentos básicos.
Con base en cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), analizadas por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), señaló que la producción nacional de los siete principales granos disminuyó de 34.5 millones de toneladas en 2022 a 30.8 millones en 2025. Entre las caídas destacó la pérdida de 1.5 millones de toneladas de maíz blanco, que consideró un riesgo para la autosuficiencia alimentaria.
Barrera Maldonado también cuestionó las restricciones tecnológicas que enfrentan los productores mexicanos, mientras ingresan al país alimentos elaborados con tecnologías que, de acuerdo con sus señalamientos, no están disponibles bajo las mismas condiciones para los agricultores nacionales.
Otro de los temas que puso sobre la mesa fue el manejo del mercado del frijol. La legisladora señaló que el Gobierno adquirió grano a 27 mil pesos por tonelada mediante su programa de acopio y posteriormente vendió más de 40 mil toneladas a precios de entre 10 mil 500 y 13 mil 500 pesos. Sostuvo que estas diferencias requieren explicaciones sobre el manejo de los recursos públicos y sus efectos en el mercado.
La diputada afirmó que los resultados de la balanza comercial agroalimentaria responden al esfuerzo de los productores y pidió que sus necesidades sean consideradas durante las próximas negociaciones del T-MEC, particularmente en materia de competitividad, tecnología y condiciones de acceso a los mercados.
En su intervención, el diputado Hugo Gutiérrez Arroyo llamó a colocar el interés nacional por encima de las diferencias partidistas y a impulsar políticas que favorezcan el crecimiento económico, la estabilidad y la generación de empleo formal.
Los legisladores priistas insistieron en que la política económica debe traducirse en mejores condiciones para el sector agropecuario, mayor acceso al financiamiento para las empresas y certidumbre para las inversiones, en un contexto marcado por los retos comerciales con Estados Unidos y la próxima revisión del acuerdo comercial de América del Norte.
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