El endurecimiento de las penas por feminicidio debe acompañarse de mecanismos eficaces de prevención, atención inmediata a las denuncias y cumplimiento de las medidas de protección para las mujeres, advirtieron representantes de organizaciones civiles y familiares de víctimas durante el foro nacional “Ley contra el feminicidio en México”, organizado por la diputada federal Ariana del Rocío Rejón Lara, del PRI.
Durante el encuentro, las participantes señalaron que una legislación más severa no garantiza por sí sola la reducción de estos delitos si las autoridades no intervienen oportunamente ante las amenazas, el acoso y las agresiones que pueden anteceder a la violencia letal.
Al analizar la propuesta en materia de feminicidio impulsada por el Ejecutivo federal, que contempla penas de 50 a 70 años de prisión, Valeria Lisset Villar Parra, integrante del colectivo Democracia Sin Miedo, cuestionó que el debate se concentre en los años de cárcel sin evaluar la capacidad institucional para evitar que las mujeres sean asesinadas.
“¿De qué les sirven 70 años de prisión a una mujer que necesitaba protección 70 minutos antes?”, planteó.
Villar Parra aclaró que no cuestiona la necesidad de imponer sanciones proporcionales a la gravedad del feminicidio, sino que consideró indispensable evaluar la eficacia de las políticas preventivas y la respuesta de las instituciones ante situaciones de riesgo.
Entre los aspectos que propuso revisar están los tiempos de atención a las denuncias, la ejecución y supervisión de las órdenes de protección, la disponibilidad de personal especializado y las responsabilidades de los funcionarios cuando incumplen sus obligaciones. También planteó establecer indicadores públicos y mecanismos de evaluación que permitan medir los resultados de las medidas adoptadas.
La representante de Democracia Sin Miedo sostuvo que las amenazas y agresiones deben atenderse antes de que escalen a consecuencias irreversibles. Señaló que una mujer no debería tener que convertirse en víctima de feminicidio para que las autoridades reconozcan la gravedad del riesgo que enfrenta.
Por su parte, Paola Vanessa Navacalvo, integrante de la Colectiva Asesoría Legal Feminista, llamó a colocar la prevención y la protección efectiva en el centro de la respuesta legislativa, sin dejar de lado las sanciones contra quienes cometan este delito.
“No sirve de nada que la ley le ponga que ya… 105 años… tenemos que irnos a la prevención”, expresó al insistir en que el incremento de las condenas debe acompañarse de acciones concretas para evitar que la violencia avance.
Entre las medidas que propuso se encuentran establecer protocolos de atención inmediata, garantizar que las órdenes de protección se cumplan y fortalecer las investigaciones con perspectiva de género, así como las herramientas institucionales para identificar riesgos y evitar desenlaces fatales.
El testimonio de Elizabeth Machuca Campos, hermana de Eugenia Machuca Campos, desaparecida y localizada sin vida el 28 de octubre de 2017 en Ocoyoacac, Estado de México, expuso las dificultades que enfrentan las familias para obtener justicia y acceder a la reparación integral del daño.
Machuca Campos explicó que su hermana dejó tres hijos, quienes eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos y que, de acuerdo con su testimonio, todavía no han recibido una reparación integral. También señaló deficiencias en la investigación y relató que su familia enfrentó obstáculos para conseguir que las autoridades atendieran las denuncias relacionadas con el caso.
De acuerdo con su exposición, el presunto responsable acosaba y perseguía a su hermana, mientras las medidas de protección no fueron suficientes para garantizar su seguridad.
A partir de esta experiencia, impulsó el colectivo Flores en el Corazón, desde el cual acompaña a familias de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio y violencia de género. Durante el foro, denunció que algunas familias deben insistir reiteradamente para que las autoridades reciban sus denuncias y den seguimiento a sus casos.
“Necesitamos irnos arrastrando para que podamos levantar una denuncia y las autoridades nos hagan caso”, manifestó.
La activista también destacó la necesidad de prevenir las desapariciones como parte de las acciones para evitar feminicidios y pidió que la información sobre las leyes y los procedimientos de atención llegue a los municipios mediante explicaciones accesibles para las familias.
En su participación, Villar Parra presentó cifras según las cuales, de enero a agosto de 2026, México registró 440 víctimas clasificadas como feminicidio, equivalentes a un promedio aproximado de 13 por semana. Precisó que el dato corresponde exclusivamente a los casos clasificados bajo ese delito y no al total de mujeres asesinadas en el país.
Las intervenciones coincidieron en la necesidad de que la discusión legislativa no se limite a las sanciones penales, sino que también contemple la capacidad de las instituciones para actuar ante las primeras señales de violencia, garantizar la protección de las víctimas y ofrecer acompañamiento y reparación integral a sus familias.
eitmedia.mx
