El PRI de Nuevo León presentó una petición formal ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) para exigir la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la Presidencia del Consejo General, luego de los señalamientos públicos sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y relaciones con empresas proveedoras del organismo.
El partido sostuvo que los señalamientos requieren explicaciones claras y documentadas, así como una investigación que permita esclarecer los procedimientos de contratación y determinar si existen responsabilidades administrativas o de otra naturaleza.
En su posicionamiento, el PRI estatal señaló que la transparencia y la rendición de cuentas son indispensables para preservar la confianza ciudadana en las autoridades electorales, particularmente en lo relacionado con el manejo de los recursos públicos.
La exigencia se produce después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informara sobre una investigación relacionada con posibles irregularidades en contrataciones que involucran al INE, organismos electorales locales, empresas, proveedores y servidores públicos.
Ante este escenario, el PRI de Nuevo León consideró necesario que las indagatorias se desarrollen con independencia y transparencia, a fin de establecer si hubo incumplimientos legales y, en su caso, deslindar responsabilidades conforme a los procedimientos correspondientes.
El partido también advirtió que la autonomía y credibilidad del INE son elementos fundamentales para la organización de los procesos electorales, por lo que pidió que las dudas sobre el ejercicio de los recursos y las contrataciones sean atendidas por las autoridades competentes.
La dirigencia priista encabezada por José Luis Garza Ochoa reiteró su exigencia de que Guadalupe Taddei deje el cargo y sostuvo que las instituciones electorales deben ofrecer certeza sobre su actuación, especialmente ante la proximidad del proceso electoral de 2027.
Hasta que concluyan las investigaciones y las autoridades competentes emitan sus determinaciones, los señalamientos deberán mantenerse en el ámbito de las presuntas irregularidades, sin que ello implique atribuir responsabilidades que aún no hayan sido acreditadas.
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