La situación jurídica de la exconductora de televisión Inés Gómez Mont dio un nuevo giro tras su detención el pasado 30 de octubre en Florida, Estados Unidos, donde quedó bajo custodia de autoridades migratorias. En México enfrenta tres órdenes de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que una de las órdenes fue solicitada por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, mientras que las otras dos corresponden a investigaciones por presuntas irregularidades fiscales.
El expediente no es menor. Las investigaciones señalan que Gómez Mont habría recibido en sus cuentas bancarias personales recursos presuntamente provenientes de un esquema de desvío y triangulación de dinero público, mediante empresas fantasma vinculadas con contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.
Los contratos investigados alcanzarían aproximadamente 2 mil 450 millones de pesos, recursos relacionados con el organismo responsable de los centros penitenciarios federales. La Fiscalía también sostiene que la exconductora habría declarado ingresos inferiores a los realmente obtenidos durante los ejercicios fiscales de 2014 y 2016, con lo que presuntamente habría omitido el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.
El caso adquiere especial relevancia por el volumen de recursos públicos involucrados y por las interrogantes que permanecen sobre las empresas utilizadas, los beneficiarios de las operaciones y el destino final del dinero.
La FGR aseguró que desde septiembre de 2025 solicitó a las autoridades estadounidenses la detención provisional de Gómez Mont con fines de extradición. Posteriormente, ambas naciones intercambiaron información y documentación para avanzar en el procedimiento correspondiente.
Sin embargo, hay una diferencia importante: su detención en Florida obedece, por ahora, a su situación migratoria y no significa que haya sido extraditada. La resolución corresponde a las autoridades estadounidenses. Si se determina su deportación a México, la Fiscalía anunció que ejecutará las órdenes de aprehensión vigentes a su llegada.
De los reflectores de la televisión a un expediente judicial que involucra miles de millones de pesos, Inés Gómez Mont enfrenta uno de los capítulos más complicados de su vida pública. Ahora corresponderá a las autoridades acreditar las acusaciones y a los tribunales determinar las responsabilidades que legalmente procedan.
La exconductora conserva la presunción de inocencia y deberá ser juzgada con pleno respeto al debido proceso.
Especial-eitmedia.mx
Con información de la https://fgr.org.mx/
