Daniel Arizmendi López, conocido como “El Mochaorejas” y señalado como líder de una organización dedicada al secuestro desde 1998, fue sentenciado a 50 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la condena se dictó luego de que el Ministerio Público Federal aportara las pruebas correspondientes y se cumpliera con la reposición del procedimiento ordenada por la autoridad judicial tras la resolución de los juicios de amparo promovidos por los procesados.
Además de la pena de prisión, a Arizmendi López se le impuso una multa de 916 mil 312.50 pesos.
En el mismo proceso, Daniel “V” recibió una sentencia de 22 años de prisión y una multa superior a cuatro millones de pesos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Por esos mismos delitos, Dulce “N” fue condenada a 16 años de prisión y al pago de una multa superior a 280 mil pesos.
La autoridad judicial declaró compurgadas las penas de Daniel “V” y Dulce “N”; sin embargo, ambos permanecerán en reclusión debido a que enfrentan otros procesos judiciales.
De acuerdo con las investigaciones, los tres sentenciados formaron parte de una organización criminal que operaba principalmente en el Estado de México y el entonces Distrito Federal, dedicada al secuestro y otras actividades ilícitas.
El expediente se remonta a junio de 1998, cuando el Ministerio Público de la Federación ejerció acción penal sin detenido contra los ahora sentenciados y otras personas. Ese mismo mes, Daniel Arizmendi fue detenido y puesto a disposición de un juez en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur.
Posteriormente, el 21 de agosto de 1998, fueron detenidos Daniel “V” y Dulce “N”, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales.
Aunque el 21 de agosto de 2003 se había dictado una primera sentencia condenatoria contra los procesados, la resolución fue impugnada mediante juicios de amparo, por lo que se concedió la protección de la justicia federal y se ordenó reponer el procedimiento.
Tras el cumplimiento de esa determinación y la presentación de nuevas pruebas dentro del proceso, la autoridad judicial notificó las condenas que ahora enfrenta el grupo.
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