El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 abrió un nuevo frente de confrontación política en la Cámara de Diputados, donde las bancadas de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y Movimiento Ciudadano expusieron posiciones encontradas sobre el destino de los recursos públicos, en medio de cuestionamientos por el endeudamiento, la distribución del gasto y las prioridades del Gobierno federal.
El proyecto contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, una cifra que representa uno de los principales instrumentos financieros de la administración de Claudia Sheinbaum para el próximo ejercicio fiscal.
Mientras Morena y sus aliados defendieron la propuesta al asegurar que privilegia los programas sociales, la salud, la educación y la infraestructura, legisladores de oposición advirtieron sobre una distribución desigual de los recursos, el crecimiento de la deuda pública y la reducción de partidas destinadas a instituciones y sectores estratégicos.
Desde Morena, la diputada María de los Dolores Padierna Luna sostuvo que el presupuesto refleja los compromisos sociales del Gobierno federal y destacó la asignación de 2.7 billones de pesos al sector salud, lo que, de acuerdo con su exposición, representa un incremento real de 11.3 por ciento.
También señaló que se contemplan mayores recursos para el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, así como para hospitales e institutos especializados.
En la misma línea, Mario Miguel Carrillo Cubillas defendió la distribución del gasto y aseguró que el proyecto mantiene una orientación social, con recursos para los compromisos federales, la administración pública y los principales ejes de gobierno.
Sin embargo, desde el PAN llegaron los cuestionamientos más directos sobre la distribución presupuestal. La diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo acusó que el Gobierno federal no solamente incrementa el endeudamiento, sino que tampoco está asignando adecuadamente los recursos para atender necesidades fundamentales de la población.
La legisladora cuestionó particularmente las partidas destinadas a salud, educación superior y universidades, además de señalar que el programa La Escuela es Nuestra recibe recursos sin que, a su juicio, haya demostrado resultados suficientes.
Por su parte, el diputado Héctor Saúl Téllez Hernández calificó la propuesta como un presupuesto hipotecario y advirtió sobre el costo que representa recurrir al endeudamiento para financiar el gasto público.
El panista señaló que se contemplan 1.7 billones de pesos para el servicio de la deuda y que el saldo histórico podría alcanzar los 22 billones de pesos. También cuestionó la reducción de recursos al Instituto Nacional Electoral y la asignación de tres mil millones de pesos al programa La Escuela es Nuestra, cuya operación calificó de opaca.
Desde el Partido Verde, Cindy Winkler Trujillo respaldó el dictamen y defendió las partidas destinadas a programas sociales, al considerar que combatir la pobreza requiere recursos públicos y políticas sostenidas.
La legisladora destacó que se contemplan más de un billón de pesos para programas sociales y alrededor de 150 mil millones de pesos para inversión física, con proyectos ferroviarios, carreteros e hidráulicos.
Oscar Bautista Villegas, también del PVEM, coincidió en que el presupuesto debe contribuir a mejorar las condiciones económicas de las familias, particularmente mediante la continuidad de apoyos para adultos mayores, personas con discapacidad y madres solteras.
Por el Partido del Trabajo, Reginaldo Sandoval Flores defendió la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que el gasto mantiene como prioridad el bienestar social, los derechos humanos y la reducción de la desigualdad.
El legislador sostuvo que las asignaciones para educación, agricultura y desarrollo forman parte de una estrategia para fortalecer el Plan México y generar mejores condiciones para el crecimiento económico y el empleo.
En contraste, el PRI cuestionó que los recursos destinados a grandes proyectos de infraestructura no guarden proporción con las necesidades de seguridad, salud y apoyo al campo.
El diputado Mario Zamora Gastélum puso como ejemplo los más de 18 mil millones de pesos contemplados para el Tren Maya y los comparó con los recursos destinados a las policías estatales y municipales, los programas de atención médica domiciliaria y la entrega de fertilizantes a productores agrícolas.
“Este dictamen nos dice que pesa más un tren que la consulta de un abuelo en su casa, que la cosecha de un productor o el policía”, expresó.
Zamora también denunció lo que consideró un abandono presupuestal del campo, la pesca, la acuacultura y la ganadería. Agregó que programas como la pensión para adultos mayores, las becas y Jóvenes Construyendo el Futuro no registran incrementos, mientras que Sembrando Vida presenta una reducción.
El priista anunció que su bancada votaría en contra del dictamen y presentaría reservas para modificar las asignaciones.
Movimiento Ciudadano, por su parte, asumió una posición distinta. La diputada Gloria Elizabeth Núñez Sánchez informó que su grupo parlamentario decidió respaldar el presupuesto en lo general, aunque aclaró que ese voto no significa una aprobación absoluta de todas las decisiones financieras del Gobierno federal.
La legisladora sostuvo que el respaldo responde a acuerdos concretos relacionados con las necesidades de la ciudadanía y aseguró que su bancada mantendrá una postura crítica frente a los aspectos con los que no esté de acuerdo.
En tanto, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez destacó la inclusión de recursos para atender problemas de agua y movilidad, particularmente en Jalisco y Nuevo León, donde existen proyectos de infraestructura que requieren continuidad presupuestal.
El debate dejó al descubierto las diferencias entre las fuerzas políticas sobre el modelo de gasto público que necesita el país. Mientras el bloque oficialista defiende la continuidad de los programas sociales y las inversiones estratégicas, la oposición advierte sobre el endeudamiento, los recortes y las necesidades que, considera, no están suficientemente atendidas.
Más allá de las posturas partidistas, el desafío del Presupuesto 2027 será demostrar que los más de 10.6 billones de pesos contemplados se traducirán en mejores servicios de salud, educación, seguridad, infraestructura y oportunidades para la población.
La discusión presupuestal también deja una exigencia para los legisladores: que cada peso aprobado tenga resultados verificables y que las prioridades del gasto respondan a las necesidades de millones de mexicanos.
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