El coordinador de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente Flores, presentó un Punto de Acuerdo para facultar a la Presidencia del Legislativo a interponer denuncias contra el gobernador, el exsecretario de Gobierno y quienes resulten responsables. La propuesta fue aprobada por mayoría, con 27 votos a favor y 12 abstenciones.
Monterrey, Nuevo León.– La falta de publicación de 19 decretos aprobados por el Congreso del Estado escaló al terreno de las posibles responsabilidades administrativas, luego de que el diputado panista Carlos de la Fuente Flores solicitara facultar a la Presidencia del Poder Legislativo para presentar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes.
Durante la sesión ordinaria de este martes, el legislador presentó un Punto de Acuerdo mediante el cual propuso que el Congreso, en representación de la Septuagésima Séptima Legislatura, promueva las denuncias por la omisión de publicar los decretos aprobados por el pleno.
La propuesta contempla solicitar a la Contraloría y Transparencia Gubernamental que investigue la posible comisión de faltas administrativas graves, entre ellas abuso de funciones y desacato, previstas en los artículos 57 y 63 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León.
Entre los funcionarios señalados para efectos de la investigación se encuentran el gobernador Samuel García Sepúlveda y Javier Navarro Velasco, exsecretario general de Gobierno, además de los servidores públicos que pudieran resultar responsables.
De la Fuente Flores sostuvo que existen mecanismos constitucionales y legales para investigar y sancionar a los servidores públicos cuando incumplen las obligaciones correspondientes a sus cargos.
“Por esa razón, la Constitución establece mecanismos de control y la legislación prevé procedimientos para investigar e imponer sanciones cuando los servidores públicos incumplen las funciones que les han sido encomendadas”, expresó.
El coordinador panista agregó que, ante la existencia de 19 decretos pendientes de publicación y la posible afectación al funcionamiento del servicio público, corresponde al Congreso actuar para solicitar que se esclarezcan los hechos.
Por ello, consideró procedente facultar a la Presidencia del Poder Legislativo para presentar las denuncias y solicitar formalmente la investigación de las posibles irregularidades.
El legislador precisó que serán las autoridades competentes las encargadas de determinar si se actualizaron las faltas administrativas señaladas en la legislación estatal, así como cualquier otra responsabilidad derivada de la omisión reiterada de publicar los decretos.
El Punto de Acuerdo fue aprobado por mayoría, con 27 votos a favor y 12 abstenciones, por lo que la Presidencia del Congreso podrá actuar en los términos establecidos en la resolución legislativa.
La determinación abre la vía para que las autoridades investigadoras revisen las omisiones señaladas por el Poder Legislativo y determinen si existe responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.
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