Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) permitirá que el exgobernador de Sinaloa (noroeste) Rubén Rocha Moya, cuya extradición solicita EU, acceda a parte de los fondos de sus cuentas bancarias, en cumplimiento de una suspensión provisional concedida por un tribunal federal, informó este viernes la Secretaría de Hacienda.
“En el marco de un procedimiento judicial promovido por un ex funcionario del gobierno de Sinaloa, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa concedió una suspensión provisional que permite el acceso a ministraciones futuras derivadas de pensiones por cesantía en edad avanzada y jubilación por viudez”, indica un comunicado de la dependencia.
La resolución, emitida por la Segunda Sala Regional de ese tribunal en Sinaloa, establece que Rocha Moya podrá disponer únicamente de sus pensiones, incluida la de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que son inembargables.
“La medida no implica un acceso total a las cuentas bancarias, por lo que los recursos distintos a los expresamente señalados en la resolución, así como cualquier otra operación financiera permanecen sujetos a las restricciones correspondientes”, precisa el comunicado.
Hacienda reiteró, a través de la UIF, su compromiso de fortalecer las acciones para prevenir y combatir el lavado de dinero.
El pasado 23 de agosto, Rocha Moya solicitó una “licencia indefinida” apenas un día después de reincorporarse al cargo, tras una primera licencia que había tomado el 1 de mayo para afrontar una investigación judicial en México.
La licencia indefinida fue solicitada después de que su regreso no fuera respaldado ni por la presidenta, Claudia Sheinbaum, ni por los dirigentes del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, izquierda), al que pertenece.
El Gobierno de Sheinbaum se desmarcó del regreso de Rocha Moya, que pretendía ejercer el cargo hasta el fin de su mandato, en octubre de 2027.
La Fiscalía General de México informó en agosto que mantiene abiertas investigaciones sobre diez funcionarios y exfuncionarios acusados de narcotráfico por el Departamento de Justicia de EU, entre ellos Rocha Moya.
Por su parte, la Cancillería ha pedido en reiteradas ocasiones a Washington que aporte pruebas que sustenten las acusaciones.
La acusación estadounidense apunta a presuntos vínculos con el crimen organizado, en particular con la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos.
El único de los diez reclamados en extradición que cruzó la frontera para entregarse y colaborar con las autoridades estadounidenses es el general Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del Gobierno de Sinaloa, que salió en agosto de la custodia de la Oficina Federal de Prisiones de EU. (Sputnik)
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