
Entre encuestas negadas, caravanas invisibles y millones bajo sospecha: la política de las contradicciones
En México parece que la realidad se ha convertido en un asunto de interpretación política. Lo mismo se niegan acuerdos que ya fueron anunciados por los aliados, se asegura que las caravanas migrantes no representan un problema en la frontera mientras cientos de personas siguen avanzando por territorio nacional, y cuando aparecen miles de millones de pesos bajo observación, la autoridad fiscalizadora prefiere reservarse los nombres de quienes podrían estar involucrados. Demasiadas contradicciones para un país que necesita certezas, transparencia y resultados.
En Morena, la presidenta nacional, Ariadna Montiel, salió a desmentir al Partido del Trabajo. Mientras Alberto Anaya y otros dirigentes petistas hablan de una segunda encuesta en Nuevo León y Michoacán, Montiel sostiene que no existe ningún acuerdo y que las designaciones de los coordinadores estatales deben mantenerse. La pregunta es inevitable: ¿quién está diciendo la verdad y quién está tratando de ganar tiempo en una negociación política?
El problema no es solamente si habrá o no una segunda medición. El fondo es que Morena y sus aliados parecen estar descubriendo que la unidad electoral no significa necesariamente compartir decisiones. En Nuevo León, Clara Luz Flores ya fue designada por Morena, pero el PT insiste en abrir nuevamente la competencia para favorecer a Jesús Elizondo. En Michoacán ocurre una disputa semejante entre Carlos Torres Piña y Raúl Morón.
Ariadna Montiel dice que no hay acuerdo, pero reconoce que Alberto Anaya le planteó la posibilidad. Entonces, ¿qué está negociando el PT y qué pretende obtener a cambio de mantener la alianza? No se puede hablar de unidad cuando cada partido parece estar jugando su propia partida, ni presentar como un simple desacuerdo lo que ya exhibe una disputa por candidaturas, posiciones y poder.
Morena puede cerrar la puerta a una segunda encuesta, pero no puede ignorar que sus aliados están inconformes. Y el PT, por su parte, tendrá que explicar si realmente existe un compromiso político o si está utilizando la amenaza de una ruptura como instrumento de presión. Lo que queda claro es que, antes de llegar a las urnas de 2027, la coalición ya enfrenta una prueba de confianza.
En materia migratoria, la contradicción adquiere otra dimensión. Rosa Icela Rodríguez insiste en que ninguna caravana ha llegado a la frontera norte de Estados Unidos. Es cierto que la funcionaria presenta ese dato como resultado de la estrategia mexicana, pero también reconoce que 781 migrantes permanecen en Mapastepec, Chiapas, con la intención de continuar su camino hacia territorio estadounidense.
Mientras Donald Trump vuelve a amenazar con imponer fuertes aranceles si México no contiene esos flujos, el Gobierno mexicano responde con una explicación que parece diseñada para tranquilizar a Washington: las caravanas no han llegado a la frontera y las autoridades están persuadiendo a sus integrantes para que regresen a sus países.
Pero el problema migratorio no desaparece porque una caravana no haya alcanzado la frontera. Tampoco se resuelve con reuniones, discursos de buena voluntad o declaraciones que buscan demostrarle a Trump que México está haciendo su parte. Hay personas en tránsito, familias, menores de edad y necesidades humanitarias que requieren atención, además de una política migratoria que no dependa de las amenazas comerciales de la Casa Blanca.
Rosa Icela habla de persuasión, retorno seguro y respeto a los derechos humanos. Son principios que deben cumplirse, no solamente pronunciarse. México no puede convertirse en un país que administra la migración según el nivel de presión que ejerza Washington. Y tampoco puede presumir que el problema está controlado únicamente porque los migrantes todavía no llegan a la frontera norte.
La realidad es que Trump vuelve a colocar a México contra la pared con la amenaza arancelaria, mientras el Gobierno de Claudia Sheinbaum intenta demostrar que mantiene el control. La pregunta es cuánto tiempo podrá sostenerse esa estrategia sin que el costo termine recayendo en los propios migrantes y en la economía mexicana.
Y mientras la política se consume entre disputas partidistas y presiones internacionales, el sarampión vuelve a encender las alertas sanitarias. Jalisco y Chihuahua concentran buena parte de los contagios acumulados, mientras Chiapas figura entre las entidades que todavía reportan casos activos. Una enfermedad prevenible mediante vacunación no debería convertirse nuevamente en una preocupación de esta magnitud.
Aquí no hay espacio para cálculos electorales ni para discursos tranquilizadores. Las autoridades sanitarias tienen la obligación de informar con claridad, garantizar las vacunas y reforzar la vigilancia epidemiológica. No basta con presentar cifras: hay que explicar dónde están los riesgos, qué población necesita protección y qué medidas se están tomando para evitar que el brote avance. La prevención no puede esperar a que los números se conviertan en una crisis.
Pero si hay un asunto que merece especial atención en Nuevo León es el informe de la Auditoría Superior del Estado. Su titular, Alejandro Reynoso, presentó ante el Congreso local una revisión de la Cuenta Pública 2025 con 8 mil 902 observaciones pendientes de solventar, cuyo monto asciende a 61 mil 001 millones de pesos. De esa cantidad, 59 mil 533 millones corresponden a la administración estatal y sus organismos paraestatales.
No estamos hablando de una diferencia menor en una factura ni de errores administrativos sin importancia. Estamos hablando de recursos públicos, de posibles desvíos, contratos con presuntos sobreprecios, transferencias entre empresas y operaciones financieras que deben ser explicadas hasta el último peso.
Los ejemplos expuestos son particularmente delicados. La compra de chayote a 300 pesos por kilogramo, cuando su precio comercial rondaría los 18 pesos; operaciones por mil 953 millones de pesos relacionadas con el DIF estatal, y transferencias que habrían terminado en un despacho jurídico después de pasar por diversas empresas. También se mencionaron adquisiciones de medicamentos oncológicos con posibles sobrecostos y sin documentación suficiente para acreditar su entrega.
A esto se agregan las observaciones sobre Codefront, con pagos superiores a 537 millones de pesos, aunque los cuatro contratos localizados sumarían alrededor de 120 millones. Y aparecen otros movimientos financieros por mil 696 millones de pesos, distribuidos mediante 786 depósitos hacia un despacho.
Son señalamientos de enorme gravedad que todavía deben ser investigados y acreditados. Nadie puede ser declarado culpable por una observación de auditoría, pero tampoco se puede pretender que semejante cantidad de recursos bajo revisión pase como un trámite burocrático.
Y aquí aparece una de las partes más incómodas del informe: cuando se le preguntó al auditor si entre los funcionarios involucrados podría estar el gobernador Samuel García, Alejandro Reynoso prefirió no mencionar nombres y argumentó que el sigilo de las investigaciones se lo impide.
¿De verdad no se puede decir nada? ¿O la reserva termina convirtiéndose en una protección política para quienes deberían rendir cuentas?
Si el auditor tiene elementos para presentar denuncias, debe hacerlo ante las autoridades correspondientes. Si existen investigaciones en curso, deben respetarse los procedimientos y la presunción de inocencia. Pero la transparencia también exige explicar con claridad qué se está investigando, qué dependencias aparecen involucradas y cuál es el camino que seguirán las observaciones.
No se trata de exigir que se condene anticipadamente al gobernador ni a ningún funcionario. Se trata de que la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con su dinero. Samuel García no puede quedar por encima de las preguntas públicas por el simple hecho de que una investigación esté bajo reserva. Y el auditor tampoco puede limitarse a presentar cifras multimillonarias y después guardar silencio cuando se le pregunta por las posibles responsabilidades políticas.
La ASE reportó 233 denuncias derivadas de la fiscalización, prácticamente el triple de las presentadas durante el ejercicio anterior. Ahora falta saber quiénes deberán responder, qué expedientes llegarán a las fiscalías y, sobre todo, si habrá consecuencias.
Porque en Nuevo León ya estamos acostumbrados a escuchar anuncios, promesas y cifras millonarias. Lo que hace falta es conocer resultados, responsabilidades y explicaciones.



