
El Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados rechazó varias de las modificaciones planteadas por el PAN al procedimiento para integrar el Comité Técnico de Evaluación, al considerar que algunas de sus propuestas exceden las atribuciones constitucionales de los órganos involucrados y podrían afectar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como la independencia del propio comité.
A través de un posicionamiento, las diputadas y los diputados de Morena fijaron su postura frente a las observaciones panistas y sostuvieron que no es jurídicamente procedente establecer una consulta previa obligatoria para designar a las cinco personas que integrarán el órgano evaluador.
De acuerdo con el grupo parlamentario, el artículo 41 constitucional establece que tres integrantes deben ser nombrados por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y dos por la CNDH, sin condicionar estas designaciones a una consulta con organizaciones de la sociedad civil.
Morena argumentó que imponer ese requisito a la CNDH representaría una posible injerencia en sus facultades constitucionales y en su autonomía de gestión. No obstante, aclaró que tanto la Comisión como la Jucopo pueden recurrir voluntariamente a mecanismos de consulta y escuchar opiniones ciudadanas, siempre que no se conviertan en condiciones obligatorias para ejercer sus atribuciones.
Otro de los puntos rechazados fue la propuesta de incorporar requisitos adicionales para las personas aspirantes, entre ellos la prohibición de haber sido servidores públicos durante los ocho años anteriores a su designación o mantener vínculos con algún gobierno o autoridad electoral.
La bancada morenista consideró que estas restricciones no están previstas en la normativa y podrían resultar ambiguas, subjetivas y discriminatorias. Como argumento, hizo referencia a la Acción de Inconstitucionalidad 107/2016, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la invalidez de requisitos legales cuya valoración puede depender de criterios subjetivos para acceder a un cargo público.
En cuanto a la posibilidad de que la Jucopo pueda objetar o vetar los nombramientos realizados por la CNDH, Morena sostuvo que tampoco existe fundamento constitucional para otorgarle esa facultad.
Advirtió que permitir a la Junta rechazar unilateralmente las designaciones de la Comisión alteraría la distribución de competencias establecida en la Constitución y sometería las decisiones de un organismo autónomo a una instancia que no tiene facultades jerárquicas de revisión sobre sus nombramientos.
El posicionamiento también cuestionó la propuesta de permitir la presencia permanente de observadores ciudadanos y representantes de los grupos parlamentarios en todas las reuniones y actividades del Comité Técnico de Evaluación.
La bancada señaló que la transparencia debe garantizarse sin comprometer la confidencialidad de los expedientes, la protección de datos personales, la independencia de los integrantes ni la objetividad de las evaluaciones.
En ese sentido, recordó que el Comité tiene responsabilidades técnicas específicas, entre ellas verificar los requisitos de las personas aspirantes, evaluar su idoneidad y elaborar las listas correspondientes, por lo que sus deliberaciones deben desarrollarse sin presiones partidistas o interferencias externas.
Respecto a la reducción de 100 a 25 aspirantes que podrían avanzar a la etapa de entrevistas, Morena expresó preocupación por una posible limitación injustificada de las oportunidades de participación.
Finalmente, el grupo parlamentario indicó que está dispuesto a considerar las propuestas que sean compatibles con el marco constitucional y legal, con el propósito de fortalecer la certeza, transparencia y conducción del procedimiento, además de construir consensos entre las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados.
La postura de Morena se suma a la discusión legislativa sobre las reglas que deberán regir la integración del Comité Técnico de Evaluación, en un proceso donde las diferencias entre las bancadas anticipan una negociación sobre los alcances de la participación ciudadana, las facultades de la CNDH y la independencia del órgano evaluador.
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