El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que antes de finalizar su sexenio hará una reforma administrativa para desaparecer a los órganos autónomos de México. Sputnik habló con especialistas sobre la propuesta del mandatario, sus posibles implicaciones y si es o no viable.
“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos. Y es supuestamente autónomos porque no le sirven al pueblo, están a servicio de las minorías”, sentenció el mandatario latinoamericano durante su conferencia de prensa del 11 de diciembre.
De acuerdo con su enfoque, organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAl), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), entre otros, se crearon “para tener el control de todas las decisiones del poder público”.
Actualmente, en México existe un total de nueve organismos autónomos: el mencionado INAI, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el mencionado INE, el Banco de México (Banxico), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Sus tareas específicas contemplan la medición de la inflación, la regulación de la banca nacional y la organización de las elecciones; es decir, tareas administrativas, pero sin depender de alguno de los poderes del Estado.
La importancia de los autónomos
De acuerdo con el profesor de derecho constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ricardo Uvalle Aguilera, la creación de los organismos autónomos en el país latinoamericano coincide con el inicio de la transición democrática de la nación en la década de 1990, tras décadas de dominio del entonces partido hegemónico, el Revolucionario Institucional (PRI).
Por ello, desde una perspectiva de democracia constitucional, la desaparición de estos organismos “generaría una implicación bastante importante”.
“Si tú analizas las funciones que llevan a cabo los nueve constitucionales autónomos, todas son de naturaleza administrativa y esta naturaleza administrativa anteriormente la llevaba a cabo la función ejecutiva; entonces, la autonomía es precisamente para dotarlos de certidumbre institucional y que puedan ejercer sus funciones de manera imparcial, objetiva y, sobre todo, de manera técnica, sin injerencias políticas”, explica, en entrevista con Sputnik, el también socio fundador de RHU Consultoría Estratégica.
Con él coincide el politólogo y jurista Javier Contreras, quien asevera que la autonomía blinda a estos organismos de las vicisitudes de la política; “es decir, que no tengan que depender de un color u otro partidista de quien ocupe la silla del ejecutivo”.
“Venimos de una historia de desconfianza política”
Para el también catedrático Contreras, la historia política de México ha estado enmarcada en la desconfianza en sus instituciones, fuerte razón para crear organismos autónomos que realicen tareas específicas sin la injerencia del poder en turno.
“Vale la pena, por su historia, que haya funciones netamente autónomas o alejadas de la influencia del poder ejecutivo porque nosotros venimos de una historia sobre todo de desconfianza política”, expone.
En esa línea nace el INE, por ejemplo, porque el Ministerio del Interior mexicano, es decir, la Secretaría de Gobernación, manipulaba las elecciones; o el Inegi, que nace porque originalmente era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda, pero que, al tener la tarea del mandato del control de la inflación y de su registro, pues se falseaban también los números por voluntad del ejecutivo”, explica.
Sin embargo, para ambos especialistas, las críticas en contra de los organismos autónomos son también válidas, pues a pesar de que el funcionamiento de algunos ya acumula incluso décadas, lo cierto es que su utilidad es percibida como innecesaria por la ciudadanía, que quizás no comprende sus funciones.
“Los órganos constitucionales autónomos carecen de esa legitimidad democrática porque no es muy comprensible la labor que realizan a pie de calle. La gente no tiene mucha idea de qué hacen y por supuesto que el discurso de que son muy caros, que son numerosos, que no sirven para nada, pues genera eco en un país que tiene tantos índices de personas en pobreza”, apunta Uvalle Aguilera.
Al respecto, Contreras indica que para comprender la funcionalidad de cada uno de estos organismos se necesitan mejores estrategias de comunicación social y de pedagogía política elaboradas por los mismos organismos cuestionados.
Para el politólogo, la propuesta del presidente mexicano de revisar la funcionalidad de estas instituciones autónomas se puede leer en dos vertientes: que el Estado está listo y fortalecido para asumir estas tareas o que es una intentona del actual Gobierno de concentrar el poder.
“Estos órganos constitucionales autónomos son un diseño muy mexicano y muy latinoamericano, justamente por la debilidad institucional de las democracias latinoamericanas (…). Lo podemos ver hoy en día, puede ser o mucho optimismo y confianza en las instituciones del ejecutivo y sus dependencias, o un intento también por conservar una especie de opacidad, reconcentrar poder y hacer más fuerte todavía la Administración Pública Federal”, estimó.
