Buenos Aires.- El Gobierno de Argentina instruyó al jefe de los fiscales, el procurador general Eduardo Casal, a que constituya una fiscalía para investigar casos de corrupción en cargos públicos.
“El ministro de Justicia va a sugerir -en lo inmediato- al Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, la creación de una fiscalía especial que se ocupe de investigar la corrupción de los funcionarios públicos”, puntualizó el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
La nueva oficina se centrará en indagar los posibles delitos de enriquecimiento ilícito e incrementos patrimoniales, “por supuesto, no justificados”, apostilló Adorni.
La fiscalía podrá investigar a todos los funcionarios públicos nacionales y provinciales, pertenezcan al Poder Ejecutivo o al Legislativo.
La actual gestión destacó que se recuperarán ·todos los bienes que sean productos del delito”, pues “nunca el delito puede producir ningún tipo de beneficio”.
Durante una reunión de gabinete en la mañana de este jueves, el presidente, Javier Milei, encargó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la creación de la fiscalía especial en el marco de las negociaciones que mantiene el Gobierno con ciertos bloques de la oposición para sacar adelante un proyecto de “ley ómnibus”, que le otorga facultades legislativas al presidente.
El titular de Justicia manifestó hace un mes su intención de quitarle la potestad de la Oficina Anticorrupción de querellarse por causas de corrupción.
El portavoz del presidente no aclaró qué diferencia habría entre ese organismo, que depende de Presidencia, y la futura fiscalía.
Los legisladores nacionales tienen fueros durante el tiempo que ejercen su cargo, y no pueden ser arrestados salvo que sean descubiertos en la comisión de un delito in fraganti, caso que habilita al Congreso a remover su inmunidad con el apoyo de dos tercios de cada cámara.
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