Más allá de si México logra una victoria definitiva en su demanda civil contra ocho fabricantes y distribuidores de armas estadounidenses, el caso abre la puerta para que las víctimas de la violencia armada dentro y fuera de Estados Unidos inicien sus propias demandas ante tribunales norteamericanos, señalaron especialistas consultados por Sputnik.
El 22 de enero, el Gobierno de López Obrador recibió la noticia de que la Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, anuló la decisión de un juez de primera instancia de desestimar una demanda que impuso el Gobierno de México contra los fabricantes de armas desde finales de 2021.
Con este primer resultado —que todavía puede ser apelado por las armerías— se confirma que cualquier país puede demandar a fabricantes de armas estadounidenses ante una corte norteamericana, siempre y cuando dicho país brinde los argumentos jurídicos necesarios para comprobar que la actividad de dichas compañías vulnera su seguridad y su bienestar nacionales.
“[La demanda] va a poner en entredicho muchas cosas”, afirma el abogado Miguel de la Fuente, socio de la firma internacional DAC Beachcroft y abogado por la Universidad Anáhuac.
Según el experto, con esta victoria legal del Gobierno mexicano se generan ciertos precedentes e ideas que permitirían a que familias en lo individual puedan reclamar, inclusive en Estados Unidos, a las armerías “por toda esta falta de control adecuado” en la venta de armas.
“Un precedente así daría pie a otras a otras reclamaciones en Estados Unidos de cara al mismo problema y daría sustento a esas reclamaciones en lo individual y que puedan reclamar quienes han sufrido directamente los daños”, explica el especialista en entrevista con Sputnik.
“Sí veo una posibilidad de patrocinio de parte de los despachos americanos de tomar casos, acciones colectivas; tomar casos de mexicanos que han pasado por situaciones y llevarlos a las cortes americanas”, asegura el abogado con estudios en el King’s College de Londres.
En Estados Unidos hay un sector de la población que lamenta que no exista una regulación como tal para la obtención y el uso de un arma en territorio norteamericano dado el derecho dado por la Segunda Enmienda de su Constitución, afirma la maestra Milca Calzada Lemus, docente en el área de Posgrado en Derecho y en Política Criminal de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón.
“Hay sectores donde buscan también pretensiones que se asemejan a las del Estado mexicano de que se hagan prácticas correctas de comercialización de armas”, asegura la académica en entrevista con Sputnik.
Pionero judicial
Este lunes 22 de enero, la Corte de Apelaciones del primer circuito en Boston, integrada por tres magistrados, resolvió por unanimidad que las 8 empresas demandadas por México no tienen inmunidad y que deben responder por sus acciones ante un tribunal.
En su demanda civil, México señala a las empresas Smith & Wesson Brands; Barret Firearms Manufacturing; Camfour; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Comapany; Remarms; Sturm, Ruger & Co. y Interstate Sales Corp. de prácticas comerciales que facilitan el tráfico de sus productos a México.
En su demanda, México asegura que el 68 por ciento del total de armas traficadas a México son fabricadas y distribuidas por estas empresas, una cifra que el estado mexicano calcula entre 342.000 y 597.000 armas al año.
De acuerdo con la demanda interpuesta por México en agosto de 2021, las empresas demandas obtienen ganancias por 170 millones de dólares al año por la venta de armas que terminan en manos de los cárteles o de los grupos criminales en el país latinoamericano.
México señala en su demanda que hay una correlación entre el número de homicidios en México y la venta de armas en Estados Unidos. Según las últimas cifras dadas por conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) este martes 23 de enero, tan solo entre enero y junio de 2023 se registraron 15.082 homicidios en el país, y el 71% de ellos fueron cometidos por armas de fuego.
Conforme al escrito presentado ante la corte por parte de México, los fabricantes producen sus armas e incluso las diseñan con base a las demandas del mercado de las organizaciones criminales mexicanas.
El panel de la Corte de Apelaciones de Boston resolvió que México demostró que las empresas fabricantes y distribuidoras de armas no gozan de inmunidad por sus prácticas comerciales negligentes.
Este fallo revierte la decisión de un juez de primera instancia Dennis Saylor, quien desechó en septiembre de 2022 la demanda mexicana al considerar que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) sí protegía a las empresas demandadas aun cuando el daño causado por su descuido y negligencia ocurre en territorio mexicano.
La Corte ordenó que el asunto regrese a primera instancia para continuar su desarrollo, aunque las empresas demandas podrán apelar.
Política y el lobby armero, piedras en el camino
Para De la Fuente, la decisión de la Corte de Apelaciones sí es un triunfo del estado México, pero todavía falta un litigio muy largo por delante.
“Simplemente es como para darle la primera entrada en la admisión de la demanda y el inicio del juicio en sí, pero no reconoce ningún tema de fondo ni determina ningún tipo de responsabilidad para las armeras”, explica De la Fuente.
Para el abogado, con experiencia en litigios en cortes de Estados Unidos, la demanda mexicana está “bastante bien armada”, pero el problema más importante que enfrentará es el del lobby de las compañías fabricantes de armas en Estados Unidos y el reconocimiento real de Estados Unidos de no estar haciendo una supervisión clara o no tener esa bebida diligencia de en el manejo de los controles de armas y de las armas que pasan por la frontera.
“Eso es lo que veo difícil, lo veo como un tema políticamente bastante complicado”, asegura De la Fuente quien afirma que las probabilidades de una victoria definitiva de México “no son altas”.
“Las armeras tienen un potencial actualmente en temas de política; es lógico, puede tener empuje inclusive en temas electorales, eso va a tener muchas implicaciones y creo que eso va a tener va a jugar un papel importantísimo. Esta demanda es muy política”, puntualiza el abogado.
Composición del jurado será clave
Para Héctor Pérez Rivera, abogado especializado en derechos humanos y certificado por el Institute for International Criminal Investigations (IICI), la clave para México en el caso está en la designación de jurado que finalmente emitirá un veredicto.
“Los juicios norteamericanos son juicios de jurado, son 12 personas de la comunidad de donde es presentada la demanda y por ocurrir en Boston es probable que la comunidad sea mayoritariamente, sajona, Irlanda tiene una población importante, hay población italo-americana, pero no mexicana; entonces, va a depender mucho, ni siquiera de un juez, sino del jurado, son factores que se tienen que considerar”, afirma Pérez Rivera en entrevista.
El especialista en derecho considera que el ambiente político en el marco de las elecciones de noviembre en Estados Unidos no influirá en el juicio. No pasa por ahí el tema, dice.
“Son juicios justo para evitar este tipo de factores, pues que son juicios de jurado; no es un juez que dependa políticamente de alguien quien va a resolver, quién va a emitir el fallo de condena o absolución es un jurado de 12 personas de la comunidad que en este momento pues nadie sabe quiénes son; es como el caso de (Genaro) García Luna. Fue jurado el que dijo que él era culpable, no fue un juez, fue un jurado”, asegura Pérez Rivera.
Para la maestra Calzada Lemus, de la FES Aragón, la importancia del caso radica no tanto en que México logre la indemnización de entre 10.000 y 15.000 millones de dólares que reclama, si no en que la industria norteamericana en materia armas asuma su responsabilidad y se genere un empoderamiento de las víctimas frente al crimen organizado.
“Puede alcanzarse un fallo que permita establecer una política más responsable o corresponsable de parte de la industria norteamericana en materia de armas para que impacte en el trabajo que el Estado mexicano intenta hacer o hace por controlar al crimen organizado”, afirma.
Fuente: https://sputniknews.lat/
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