La secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde, presentó ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de Crescencio Contreras Martínez, juez de Distrito Especializado en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Tamaulipas, por sus probables actuaciones por parte de dicha autoridad que favorecieron a integrantes de grupos criminales.
“Lo anterior a efecto de que dicha soberanía analice y, en su caso, presente acusación al Senado de la Republica para proceder con su destitución por diversas actuaciones irregulares que han favorecido a grupos criminales vinculados, entre otros delitos, con el secuestro de migrantes en Tamaulipas”, explicó la funcionaria a través de un ocmunicado.
Dentro de la reunión Plenaria de Morena, PT y PVEM, la funcionaria de las políticas internas del país, aprovechó el viaje a la Cámara de Diputados para acudir a presentar la denuncia, acompañada del coordinador de los morenistas, Ignacio Mier Velazco.
La funcionaria de Gobernación pasó desapercibida por la prensa, ya que en todo momento se mantuvo la discreción de lo que ocurriría dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se llevaban encuentros con diversos funcionarios del gabinete de Andrés Manuel López Obrador.
Al término de su participación, Luisa María Alcalde no quiso dar conferencia de prensa ante los medios y decidió retirarse; sin embargo, más tarde la funcionaria decidió subir a sus cuentas de X un mensaje dando a conocer lo que había hecho.
También explica en el comunicado que, en el marco de los trabajos del Gabinete de Seguridad se tuvo conocimiento de probables actuaciones por parte de dicho juez que favorecieron a integrantes de grupos criminales que operan en la frontera norte del país y a través de las cuales se fomenta la impunidad y se niega el derecho a la justicia al pueblo de México.
Señala que, “existe una serie de elementos que hacen presumir que las determinaciones del juez de Distrito no están apegadas a los principios constitucionales y legales, debido a que ha sostenido criterios que permitieron la liberación de objetivos generadores de violencia en agravio del interés público”.
Indica que, en la denuncia entregada a la Secretaría General de la Cámara de Diputados se hizo del conocimiento de las y los legisladores federales sobre diversos casos de alto impacto, entre los cuales destaca la liberación de personas pertenecientes al grupo criminal presuntamente vinculado con el reciente secuestro de 31 personas migrantes en Tamaulipas.
Así también, otros actos relacionados con la delincuencia organizada como el tráfico de fentanilo, la posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército y cohecho.
“Se puede señalar que hubo, de parte del juzgador federal, desapego a los principios constitucionales y éticos de objetividad, imparcialidad y profesionalismo que deben regir la actuación de los jueces”, indica el comunicado.
Por tanto, señala Gobernación, se presentó una solicitud de juicio político para que dicha soberanía investigue y analice la actuación del juez y, en su caso, proceda ante el Senado de la República, el cual deberá determinar sobre su posible destitución.
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