Ciudad de México.- La injerencia del crimen organizado en el proceso electoral es un factor hacia los comicios generales mexicanos del 2 de junio próximo, dijeron magistrados electorales en un foro de debate difundido este miércoles.
“No podemos partir del principio de que hay un nuevo actor, que no es nuevo, pero sí está influyendo en las elecciones y es el crimen organizado, así de claro”, dijo el juez federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Felipe de la Mata.
Al foro organizado por el periódico El Universal asistieron además la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, y el magistrado Felipe Fuentes.
De la Mata dijo que las autoridades electorales necesitan afrontar el problema del crimen organizado, comenzando por reconocer los riesgos y no tratándolo en secreto.
“No podemos quedarnos como estamos ahora: sí, hay un problema”, subrayó el juez del Tribunal Electoral federal, integrado por siete magistraturas.
En el foro, los jueces electorales refrendaron la independencia y autonomía del tribunal, que no está subordinado a ninguna fuerza política ni delincuencial.
De la Mata reconoció que a nivel local, hay “historias de terror” sobre las repercusiones del crimen organizado en tribunales y consejos electorales; sin embargo, subrayó que no se habla del tema de la narco política.
“Tenemos que mejorar o nos vamos a conformar con tener en 10 o en 20 años a alguien del tamaño de un gran capo como presidente de la República”, alertó el magistrado.
Recordó que en las elecciones de 2018, el consejo electoral local del estado de Michoacán determinó que no se podían instalar las casillas en un municipio por un problema de violencia provocado por taladores ilegales de bosques, y las urnas de votación fueron movidas fuera de la localidad.
Expuso que se deben explorar otras alternativas para inhibir la presencia y presión del crimen organizado en las elecciones, como un sistema de voto anticipado por internet o correo, urnas electrónicas o lugares con mayor vigilancia o seguridad.
Otro problema pendiente es la creación de fórmulas para la protección de candidatos y sus familias, quienes tampoco suelen denunciar las amenazas que reciben del crimen organizado por miedo a represalias.
Por su parte la magistrada Soto, titular del Tribunal Electoral, también aceptó la injerencia del crimen organizado ante lo cual, dijo, tienen que intervenir otras autoridades para prevenir estos actos de chantaje criminal.
Sin embargo, recordó que el Instituto Nacional Electoral no tiene control de las fuerzas de seguridad, y que otras instituciones del Estado tienen que brindar esta protección.
“El INE tiene que instalar casillas y tiene que garantizar que se lleve a cabo el desarrollo de la elección, pero deben garantizar al INE que serán espacios de paz”, planteó Soto.
Indicó que otras instancias del Estado tienen que garantizar unas elecciones pacíficas y libres de presión.
“Hay un problema, hay que hablar del problema y hay que señalar a las instituciones en lo que nos toca” para una elección democrática, indicó.
Se pronunció finalmente por una política de “cero tolerancia a la violencia”.
Por su parte, el magistrado Fuentes coincidió en que “el crimen organizado está muy presente”.
Recordó que ya han ocurrido situaciones similares en las elecciones en estados afectados por la delincuencia organizada como Michoacán (centro) y Tamaulipas (noroeste).
El proceso electoral de medio mandato presidencial de 2021 dejó 102 políticos asesinados, de ellos, 36 eran aspirantes y candidatos a distintos cargos, de acuerdo con la consultora Etellekt, especializada en violencia política.
En los comicios más grandes de la historia del país norteamericano estarán en juego la presidencia, todos los asientos de ambas cámaras del Congreso; la tercera parte de los gobernadores de los 32 estados, y 80 por ciento de las casi 2.500 alcaldías.
