En un documento intitulado “Segunda Carta a Nuevo León”, el gobernador Samuel García aseguró que solamente 12 aspirantes a la Fiscalía General de Justicia podrían ocupar el cargo.
Entre dichos aspirantes incluyó únicamente a aquellos que cumplieron con el requisito de entregar una carta de no antecedentes penales, excluyendo, por lo tanto, a los finalistas que había elegido previamente el Congreso local, donde se encontraban Adrián de la Garza, Guadalupe Saldaña, Genaro García y Pedro Arce.
“Ustedes saben que hoy no tenemos fiscal porque el PRIAN quiso imponer a la mala a Adrián de la Garza (…), porque quieren, a toda costa, mantener el control de la Fiscalía para garantizar sus intereses”, escribió el mandatario estatal.
De acuerdo con García, los únicos finalistas válidos serían Teódulo Martínez, Miguel Ángel Rivera, Carlos Mendoza, Carlos Contreras, Lorena Treviño, Carlos Cuevas, Ricardo Estrada, Héctor Viniegra, Juan Morales, Sigifredo Rodríguez, Sonia Martínez y Federico González.
Tales afirmaciones por parte del gobernador tienen lugar luego de que la Suprema Corte dictaminó que la convocatoria para designar al Fiscal, emitida por el Congreso, es inválida, ordenando reponer el procedimiento, incluyendo una nueva lista de finalistas.
“Me permito hacer un llamado a las doce personas que, de acuerdo a los términos de la resolución de la Corte, continuarán en el proceso de selección de fiscal, para que tengan altura de miras, valor y un compromiso total con la justicia”, agregó.
“Necesitamos rescatar (también) la Fiscalía Anticorrupción, Fiscalía Electoral, Derechos Humanos, Transparencia, Auditoría Superior y todas las demás instituciones que aún están en las garras del PRIAN”.
El fallo del máximo Tribunal se debió, precisamente, a que el Legislativo había modificado los términos de la convocatoria, exentando a los aspirantes de presentar una carta de no antecedentes penales.
Cabe mencionar que dicha modificación se inserta en el contexto de la pugna entre la Administración Estatal emecista y el Congreso de mayoría tricolor y albiazul, pues el Estado se negaba a entregar cartas de no antecedentes penales a ciertos aspirantes vinculados al PRI y al PAN.
Aunque García apunta que el resto de los aspirantes serían inválidos, en la lectura de la oposición, la Corte nunca determinó excluir a nadie de la convocatoria, sino simplemente exigir a los aspirantes que cumplan con el requisito de la carta de no antecedentes penales.
Por: Paula Román – eitmedia.mx
