El gobernador Samuel García está “interpretando según su conveniencia” el reciente fallo de la Suprema Corte respecto a la convocatoria para designar al Fiscal General del Estado.
Así lo aseguró Lorena de la Garza, diputada local del PRI, al señalar como falso que aquellos aspirantes que no hayan cumplido en tiempo y forma con una carta de no antecedentes penales quedarían fuera del proceso de selección.
“¿Qué determinó la (Suprema) Corte? Uno, que la convocatoria que emitimos en el Congreso para elegir al Fiscal es válida, que el proceso puede seguir”, expuso.
“Dos, y muy importante, sí señalaron que no es válido eso que habíamos hecho en la Comisión Anticorrupción de quitar el requisito de la carta (de no antecedentes penales)”, agregó.
“Pero dice que el Gobierno está obligado a dársela (la carta de no antecedentes penales) a todos los interesados, y que no puede arbitrariamente negársela a los aspirantes”.
Según recordó De la Garza, este conflicto entre el Ejecutivo y el Legislativo surgió a partir de que, durante el proceso de designación del Fiscal, el Estado negó la emisión de dicha carta a 53 de 65 aspirantes, supuestamente con el objetivo de impedirles aplicar al cargo.
Tras la obstaculización por parte del Estado, el Congreso acordó en la Comisión Anticorrupción que la carta, entonces, ya no sería necesaria, y entonces seleccionaron a cuatro finalistas que nunca la obtuvieron: Adrián de la Garza, Guadalupe Saldaña, Genaro García y Pedro Arce.
Tal modificación acordada en la Comisión sería, precisamente, lo que el Máximo Tribunal señaló como inválido, de acuerdo con Lorena y con un comunicado oficial de la misma Corte, la cual, simplemente, habría ordenado reponer el proceso, obligando a los aspirantes a presentar la carta, y no precisamente excluyéndolos.
Hasta el momento, García sostiene que los 53 aspirantes que no entregaron la carta, incluyendo al favorito del PRIAN Adrián de la Garza, no podrán seguir aspirando a la Fiscalía, y que así se demostrará cuando la Corte notifique próximamente al Congreso, ya que, hasta la fecha, la sentencia oficial permanece exclusivamente en manos del Gobernador.
Por: Paula Román – eitmedia.mx
