Bogotá.- Como en muchos países, el acceso al aborto legal es en Colombia un tema que suscita fuertes debates y polarización. A pesar de que la interrupción voluntaria del embarazo está despenalizada desde 2022, la realidad es que muchas mujeres aún enfrentan dificultades significativas para ejercer ese derecho.
Este 8M, Día Internacional de la Mujer, muchas colombianas saldrán a las calles para demandar servicios seguros y legales para poner fin a su gestación.
Laura Castro González, coordinadora de la Mesa por la Vida y Salud de la Mujeres, habló con la Agencia Sputnik sobre las dificultades aún presentes en el acceso al aborto seguro, pese a la sentencia de la Corte Constitucional que lo despenalizó.
BARRERAS
La coordinadora de la Mesa afirma que existe un “desconocimiento del marco legal vigente”.
“Las mujeres no conocen la despenalización actual el aborto libre bajo sus propias razones hasta la semana 24” y los profesionales de la salud muchas veces no se lo informan, impidiendo que ellas tengan claros sus derechos.
El colectivo de mujeres logró identificar que otra dificultad es la decisión de algunos médicos o prestadores de servicios de salud de reinterpretar la norma o usar otros mecanismos para evitar que la mujer aborte.
“El segundo grupo de barreras está concentrado en la interpretación restrictiva del marco legal vigente. Por ejemplo, cuando se hace un uso inconstitucional del derecho a la objeción de conciencia por parte de los prestadores de salud, (o) cuando se violan los estándares de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”, señala.
Muchas veces, “las mujeres no tienen una respuesta cinco días hábiles después de su solicitud sino que pasa mucho más tiempo y esto pues contraria los estándares que recoge la Corte”, añade.
El colectivo encontró que existen fallas del propio sistema de salud colombiano, que incluso se pueden considerar como “violencia médica”.
“Encontramos fallas (…) que son, por un lado, propias de nuestro sistema de salud colombiano y otras son fallas relacionadas con los servicios de salud sexual y reproductiva mucho más particulares, por ejemplo, prácticas de violencia obstétrica en el que las mujeres que abortan no les es suministro insuficiente analgésico para el manejo del dolor”, señaló.
Aunque estos escollos han sido constantes, se han construido nuevos obstáculos como el estigma social ante la autonomía reproductiva de la mujer y sobre quienes deciden hacerlo abiertamente.
“Nosotras desde el acompañamiento de casos empezamos a ver que hay vulneraciones al derecho a la privacidad y la confidencialidad que tienen las mujeres que aborten. Entonces una mujer que aborta va y solicita el procedimiento, logra acceder, pero el certificado de incapacidad le llega a su empleador con descripción de que la incapacidad está dada por un acceso a un servicio de interrupción voluntario y eso a todas luces es una violación de su derecho a la información”, denuncia.
Castro González incluso señala casos donde las mujeres que deciden abortar son estigmatizadas en sus trabajos, luego de que se filtra la información, incluso llevándolas a renunciar.
En 2023, Profamilia, organización garante de los derechos sexuales y reproductivos, reveló un estudio posterior a la sentencia de la Corte y encontró que entre enero y julio de 2023 se registró un aumento del 36,7 por ciento en el número de procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El informe también reveló que el 75 por ciento de los abortos realizados en Colombia se practican antes de la semana nueve y el 88 por ciento en las primeras 12 semanas de gestación. Lo anterior evidencia que tres de cada cuatro interrupciones del embarazo se presentaron en el primer trimestre del embarazo.
PERSECUSIÓN
En Colombia aún hay casos abiertos en contra de mujeres que están siendo judicializadas por recurrir a la interrupción voluntaria de su embarazo fuera del marco en en el que la autoriza la ley.
En el último informe de Causa Justa y Mesa por la Vida y Salud de la Mujeres se encontró que desde el año 2006 aumentaron significativamente la persecución y las condenas por abortar.
Así, mientras que en 2005 se registraron 130 casos de acusaciones, 199 en 2006 y 416 en 2018, evidenciando un crecimiento exponencial.
Las condenas también han aumentado desde 2006.
Las menores de edad son más sancionadas: 12,5 por ciento de los casos judicializados involucran mujeres de entre 14 y 17 años, y 24 por ciento de las condenas son de menores.
“Esto es muy alarmante porque no solo se está dando cuenta de que hizo falta una educación sexual integral y acceso a métodos anticonceptivos efectivos”, señala Castro González.
El estudio también reveló que existe una persecución por parte de los profesionales de la salud, pues muchos creen que deben avisar a las autoridades sobre las mujeres que llegan con abortos incompletos, ya sea que se encuentre o no algún indicio de que el aborto fue consentido.
“De los casos de abortos consentidos en los que se registra información sobre quién hizo el reporte o la denuncia, el 79 por ciento fueron informados por la policía y personas del centro de salud: la enfermera jefa, la trabajadora social, la obstetra, el vigilante, el director del centro médico, entre otros. De este modo, es clara la prioridad que se da a la obligación de reportar el ‘delito’ frente a la salud y bienestar de la paciente, así como su derecho a la privacidad protegido por el secreto médico”, indica el informe.
Castro González resalta que también hay una persecución por grupos radicales y fanáticos religiosos que han intentado usar las vías legales para destruir el camino ganado.
“Ha intentado minar la legalidad que se logró con la sentencia; ha habido en los últimos dos años muchos ataques y muchos amenazas contra las sentencia, no solamente demandas de nulidad ante la Corte Constitucional sino también dos iniciativas de referendo, que aunque no lograron el número de firmas que eran necesarias, para avanzar hacia la discusión en el Legislativo sí tienen un impacto muy negativo y perjudiciales que terminan generando mucha confusión sobre la vigencia de la sentencia sobre el modelo que existe en materia de aborto y generan información errónea”, dice.
La Federación Colombiana de Obstetricia y Ginecología sostiene que en el país se realizan, cada año, más 400.000 abortos a través de métodos no seguros, a pesar del fallo de la Corte.
Fuente:https://sputniknews.lat/
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