Quito.- El Movimiento Nacional Justa Libertad de Ecuador, impulsado por ocho organizaciones sociales de derechos humanos, busca despenalizar el aborto en el país, por considerarlo un derecho fundamental para las mujeres y para que sea legal, seguro y gratuito, informó a la Agencia Sputnik María Isabel Cordero, una de las voceras del colectivo.
“Necesitamos que el aborto deje de considerarse un delito, porque en este contexto las mujeres siguen siendo quienes viven otra forma de violencia más por no tener acceso a un servicio de salud fundamental, como es un aborto legal, seguro y gratuito, sobre todo mujeres adolescentes indígenas, afro y mujeres empobrecidas”, dijo Cordero, especialista en Género, Planificación y Desarrollo e integrante de Sendas.
Este movimiento presentó el 19 de marzo una demanda frente a la Corte Constitucional de Quito para eliminar el artículo 149 del Código Penal que incluye el delito de el aborto en su país, penalizado con seis meses a dos años de cárcel a las mujeres que se lo practiquen y de uno a tres años a la persona que lo realice.
En Ecuador el aborto está permitido en tres causales: riesgo de salud, peligro de muerte o violación.
“Los pocos abortos que se hacen en causal salud, a nivel del país, responden únicamente cuando no solo hay riesgo de salud, sino prácticamente cuando esta mujer está a punto de morir y ni así está garantizado porque hay muchos médicos y centros de salud que se declararon objetores de conciencia”, añadió la también activista de derechos humanos.
En 2021 la Corte Constitucional aprobó la despenalización del aborto en caso de violación en Ecuador.
Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso (2021-2023) modificó algunos artículos y estableció el plazo de acceso al aborto en las primeras 12 semanas de gestación para todas las mujeres, y también eliminó la excepción de 18 semanas que existía en el texto original para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural. Además, estableció una serie de requisitos y desarrolló el capítulo de la objeción de conciencia para dar la libertad a los médicos de negarse a practicar el procedimiento si fuera en contra de sus convicciones.
Desde 2021 hasta noviembre de 2023 se realizaron apenas 93 abortos por las vías legales, informa Cordero.
“Sabemos que en Ecuador hay una violación por hora, según datos de Fiscalía o sea tenemos que estimar que violaciones hay muchísimas más porque realmente casi no se denuncian ni mucho menos en espacios rurales”, apuntó la activista al cuestionar la cifras.
EL ABORTO COMO UN DELITO
El Movimiento Justa Libertad, impulsado por las organizaciones Surkuna, Las Comadres, Alianza de DDHH, Amazon Frontlines, Bolena, CEPAM Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas, cuentan con un trabajo de larga data por la garantía de los derechos reproductivos de las mujeres ecuatorianas y su autonomía sobre su proyecto de vida.
El texto de la demanda, de unas 250 páginas, señala que cada día 54 niñas, adolescentes y mujeres, son hospitalizadas en Ecuador por causas relacionadas con abortos clandestinos, según datos del ministerio de Salud Pública del Ecuador de 2022.
Además, en los últimos 10 años, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido en Ecuador, y el 61 por ciento eran mujeres, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de 2023.
“Tenemos más de 400 mujeres privadas de libertad por haberse realizado un aborto, en un sistema carcelario como el que tenemos ahora donde las condiciones de seguridad son ínfimas, donde se dan guerras y encuentros violentos (…) Que esas mujeres estén encarceladas es una forma de tortura”, señaló la activista.
Además, señaló que casi todas las mujeres que están en prisión “son menores de 25 años; casi todas ya tienen más de dos hijos, y son mujeres empobrecidas, racializadas, marginadas, que han sido denunciadas por el mismo sistema de salud”.
EL COSTO DEL ABORTO
La activista ecuatoriana explicó a esta agencia que el costo del aborto suele causar más polémica durante las discusiones sobre la legalización de esta práctica.
El ministerio de Salud Pública difundió en 2017 los estudios de costo de omisión, y, según este análisis, por cada dólar que el Estado ecuatoriano invierte en prevención de salud sexual y reproductiva se ahorra 17 dólares en atención, detalló Cordero.
“Atender un embarazo, no intencionado, cuesta 5,4 veces más que prevenirlo”, resaltó la activista.
Además, apuntó que si esta práctica estuviera despenalizada, la realización de un aborto le costaría a un hospital 160 dólares. Sin embargo, atender las complicaciones derivadas de abortos realizados de forma clandestina ronda los 700 dólares. Es decir que los casos de mujeres que llegan al sistema de salud con complicaciones de un aborto en proceso, realizado en una clínica clandestina cuestan casi seis veces más que si se realizaran de manera legal en los hospitales.
A ello se suma las implicaciones que tienen los abortos clandestinos para la vida de las mujeres y su salud reproductiva, con consecuencias para lograr concebir un embarazo posterior.
Cordero mencionó que la mayoría de las niñas y mujeres no solicitan el aborto en caso de violación, debido a que generalmente esto ocurre dentro del entorno familiar, por lo que la mayoría de ellas se reservan esta situación o se hacen públicas cuando ya es demasiado tarde.
Este colectivo de mujeres valora como positivo el hecho de que en 2023, en el Examen Periódico Universal (EPU) se recomendó a Ecuador dejar de considerar al aborto como un delito. También, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos se pronunció en favor de la despenalización del aborto, tras la recomendación.
Fuente:https://sputniknews.lat/
eitmedia.mx
