La diputada federal Lorena Piñón presentó un punto de acuerdo por el que se hace un exhorto a la Fiscalía General de la República para que haga los procedimientos legales necesarios para que la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y cualquier otra instancia gubernamental involucrada, para que transparenten todos los proyectos, licitaciones, adjudicaciones directas, además de todo tipo de contratos y recursos económicos asignados para la construcción de la Refinería Olmeca Dos Bocas.
Lo anterior, con el propósito de que sean esclarecidas legalmente las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito de la exsecretaria de energía del gobierno federal Rocío Nahle García
Con la presencia solidaria de integrantes de la bancada, la legisladora veracruzana afirmó: “es inaceptable que la información sobre el destino de una obra que triplicó su costo en millones de dólares sea reservada. Rocío Nahle como secretaria de energía era también presidenta del consejo de administración de Pemex. La opacidad en el proyecto de la refinería representa indicios de prácticas corruptas.
Por ello, destacó que es imprescindible que la Fiscalía actúe de manera expedita ante la denuncia de presunto enriquecimiento ilícito”.
De acuerdo a investigaciones periodísticas e información revelada por el activista Arturo Castagné, se estima que el círculo familiar de Rocío Nahle posee propiedades por 88 millones de pesos, por lo que la reserva de información sobre la refinería solo alimenta desconfianza.
En este contexto, el candidato a Gobernador de Veracruz, José Yunes Zorrilla impuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Norma Rocío Nahle García por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Una vez expuestos los indicios de una inexplicable riqueza, aseveró, resulta necesario que exista una investigación escrupulosa sobre la refinería que triplicó su costo de lo originalmente previsto de 8 mil millones de dólares, porque mucha de la información concerniente a la construcción de la misma se encuentra reservada.
Indicó que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene previsto en el artículo 101 fracción III, que toda información que haya sido clasificada como reservada puede hacerse pública cuando, “exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información”.
Con esta última referencia, “se advierte que la Fiscalía tiene las atribuciones para que esa información reservada sea del conocimiento público y parte de la carpeta de investigación iniciada en ocasión de la denuncia presentada”, finalizó Piñón Rivera.
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