Por Blanca Preciado
Este reportaje es parte del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte, un proyecto del International Center for Journalists en alianza con el Border Center for Journalists and Bloggers.
En 14 años, ex alcaldes y funcionarios de Nuevo León han evadido el pago de 10.2 millones de pesos de multas por incumplimientos a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, principalmente en municipios como Ciénega de Flores y Melchor Ocampo.
Gobernantes, funcionarios y políticos de Nuevo León que incumplen con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, evaden e ignoran las sanciones impuestas, llegando a sumar 10.2 millones de pesos que quedan en el limbo de la recaudación.
De 2008 a octubre de 2022, los sujetos obligados, sancionados por incumplir con la transparencia de información pública tienen más de 14 millones de pesos en multas, también llamados créditos fiscales, y solo han liquidado 3 millones 715 mil 725 pesos.
Pedro Alonso Casas Quiñones, ex alcalde independiente en el municipio de Ciénega de Flores es el sujeto obligado con el mayor número de multas.
Casas Quiñones tiene 104 multas sin pagar desde el año 2017, que representan un millón 600 mil pesos, conforme a información proporcionada por el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INFONL).
Melchor Ocampo es el municipio que INFONL registra con más ex alcaldes y funcionarios con deuda por opacidad en acceso a la información.
Como Rosa Elvia Ramos García, ex munícipe de la administración 2009-2012 de ese municipio, que obtuvo 15 multas que suman más de 91 mil pesos y solo ha pagado el 10 por ciento.
Ponciano López Ramos, ex alcalde y Ángel Ramos Torres, ex tesorero en la administración 2012 a 2015 de Melchor Ocampo, deben 112 mil 632 pesos y 117 mil 236 pesos, respectivamente.
Omar Ramos García, quien fue alcalde del mismo municipio de 2015 a 2021, ha eludido los pagos de 53 sanciones económicas, que en pesos dan un total de 628 mil 602 pesos.
En la misma administración, el entonces secretario del Ayuntamiento, Enrique López Ramos, acumuló 92 mil 888 pesos en multas.
El ex síndico primero de ese gobierno, Francisco Javier López Ramos adeuda 31 créditos fiscales que suman 335 mil 657 pesos.
El actual alcalde Orlando Ramos García adeuda más 72 mil pesos de cinco multas impuestas en el año 2022.
Siguen gobernando y continúa la opacidad
Incluso, alcaldes reelectos que continuaron incumpliendo la Ley de Transparencia y recibiendo multas por parte del Instituto que defiende los derechos fundamentales al acceso a la información.
Tal es el caso de Humberto Medina Quiroga, alcalde de El Carmen durante las dos últimas administraciones, tiene 28 sanciones económicas que equivalen a más de 385 mil y solo ha liquidado el 15 por ciento, según INFONL.
Gonzalo Elizondo Lira, presidente municipal en Salinas Victoria de 2015 a 2021 recibió 26 multas por más 330 mil pesos y se mantienen sin liquidar.
¿Quiénes son los sujetos obligados y cómo se hacen acreedores de créditos fiscales?
La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública indica que los sujetos obligados son toda autoridad, entidad, órgano y organismo de los tres poderes, así como órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y dependencias descentralizadas, paraestatales y paramunicipales y cualquier persona o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos; y deben poner a disposición de los ciudadanos la información pública.
Cualquier ciudadano puede solicitar información pública a los sujetos obligados, ya sea a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), por correo electrónico, directamente en oficinas de sujetos obligados y por teléfono, entre otras formas.
Cuando los ciudadanos hacen una solicitud y los entes obligados omiten responder, los primeros pueden utilizar el “recurso de revisión” y el Instituto garante, que es el INFONL, tiene la facultad de multar económicamente al ente público, sanción que posteriormente pasa a la Secretaría de Finanzas y Tesorería del Estado de Nuevo León y se elabora el “crédito fiscal” para su cobro.
Los Recursos de Revisión han ido en aumento
María Teresa Treviño Fernández, consejera presidenta del INFONL comentó que ha habido un incremento de recursos de revisión.
“Eso quiere decir que solicitan mucha información y a lo mejor no se les da o se las dan incompleta o en alguna otra modalidad y vienen con nosotros para ver recursos, y se nos han incrementado bastante”, declaró en entrevista la funcionaria.
La consejera presidenta explicó que en Ley de Transparencia se determinan las obligaciones de los sujetos obligados y que el Instituto proporciona constante capacitación, incluso en cada cambio de administración.
“Ahí estamos en constante capacitación y pegados con ellos para que cumplan y no reincidan, para que tengan buena calificación (en el Semáforo de Transparencia), y también para que den información y que el ciudadano la pueda ver en sus portales. Por eso nosotros, cuando estimamos convenios con ellos, les decimos que publiquen información”.
El artículo 79 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nuevo León determina que los sujetos obligados deben exponer la información en Datos Abiertos, los cuales deben contar con 10 características como, ser accesibles, permanentes, oportunos y en formatos abiertos ,entre otros.
De acuerdo al listado público en el portal del Sistema Nacional de Transparencia los recursos de revisión en Nuevo León del año 2020 al 2021 tuvieron un incremento del 340 por ciento.
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