El presidente de Argentina se comprometió a rebajar la carga impositiva a cambio de que la cámara alta apruebe su controvertida Ley de Bases, que avanza sobre numerosos aspectos, al declarar la emergencia en diversas áreas, habilitar al mandatario a tener facultades legislativas y promover la privatización de 11 empresas públicas.
“Aprovecharemos, una vez aprobadas la Ley de Bases y el paquete fiscal, para avanzar en una reducción significativa de impuestos”, señaló el presidente argentino Javier Milei este sábado 25 de mayo en un acto realizado en la ciudad de Córdoba por la conmemoración del Día de la Patria.
A 214 años de la Revolución de Mayo, que marcó el comienzo del proceso de independencia de Argentina, Milei abrió la puerta a un acuerdo con los gobernadores de las 23 jurisdicciones del país, en una jornada en la que no pudo celebrar su iniciativa conocida como el “Pacto de Mayo”, una convocatoria de vocación fundacional que el mandatario lanzó en marzo y no fue validada por los mandatarios provinciales.
“No hay destino posible si no le quitamos el peso del Estado a los argentinos de bien”, señaló Milei en su discurso.
Acompañado de su hermana y secretaria de la Presidencia, Karina Milei, el presidente afirmó durante el acto que el 25 de mayo, “es una fecha histórica pero es una fecha especialmente importante porque mayo (…) es un conjunto de ideas que representan lo mejor de la tradición argentina. Es una idea se resumen en dos principios: libertad y democracia”.
En su discurso ante el Congreso reunido en Asamblea Legislativa el 1 de marzo, Milei había convocado a los gobernadores a fundar un pacto de diez principios a condición de que se aprobara en el Congreso la llamada “Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”.
La iniciativa, que por estos días es debatida en un plenario de comisiones del Senado y que fue aprobada en la Cámara de Diputados el pasado 30 de abril, plantea una amplia reforma del Estado con desregulaciones en diversas áreas.
La normativa, que había sido rechazada por el Senado a comienzos de año, otorga facultades legislativas al presidente, además de habilitar la privatización de empresas públicas e introducir numerosas reformas de calado de carácter regresivo, como una reforma laboral, otra impositiva, y un cuestionado régimen para fomentar las grandes inversiones.
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