Ciudad de México.- Jueces mexicanos protestaron el viernes ante el Congreso para denunciar las “calumnias” en contra del Poder Judicial, y alertar por los riesgos de un proyecto de reforma a la Constitución presentado por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para elegir por voto popular a los magistrados de las cortes.
En un posicionamiento de siete puntos, plantearon en primer lugar su “rechazó las calumnias contra los trabajadores del Poder Judicial federal”, y señalan que “es falso que los más de 1.700 jueces y magistrados, y sus equipos, sean corruptos”.
El jefe del Ejecutivo y el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) han dicho en numerosas declaraciones que los jueces liberan a delincuentes, “sirven a las élites del país y le dan la espalda al pueblo”.
Cientos de activistas de asociaciones de la sociedad civil respaldaron a los juzgadores que advierten en la iniciativa de reforma a la Carta Magna afirman un “riesgo para la democracia que puede poner de rodillas a la república”.
En segundo lugar, la asociación señala a los legisladores que “la independencia judicial es el grado con el que juezas y jueces deciden de acuerdo con su propia certeza sobre los hechos y con su propia convicción acerca del derecho”.
Afirman, en el tercer punto que “la reforma judicial pretende truncar lo que está en el corazón mismo de la función de las personas juzgadoras, pues sujetar su elección a los designios de la política implica someterlos desde antes de ejercer su cargo”.
El mitin fue convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que anunció próximas impugnaciones judiciales ante tribunales nacionales e internacionales si el oficialismo aprueba el proyecto que es parte de un paquete de 20 reformas a la Constitución denominado “Plan C”.
CRÍTICA AL DIAGNÓSTICO E IMPUGNACIONES
Los jueces sostienen que el diagnóstico que sustenta la reforma estigmatiza al Poder Judicial, y deja de lado la responsabilidad y deficiencia de otras instancias, como las fiscalías, y las investigaciones policiales deficientes.
“Es absurdo afirmar que una o varias sentencias nuestras sean la causa de las inmensas desigualdades económicas, sociales y culturales que vive nuestro país”, señalan los magistrados en el cuarto punto.
En quinto lugar, argumentan que el modelo judicial federal mexicano -que designa jueces mediante una carrera basada en concursos y exámenes rigurosos para aspirar a un cargo judicial- “es moderno, profesional, y perfectible”.
Afirman en sexto punto que hay “transparencia total” en los procesos de la judicatura, porque los presupuestos, sueldos, sesiones, criterios, sentencias, y acuerdos son de consulta pública.
Finalmente, señalan que el Poder Judicial federal hizo pública su intención de participar en el proceso desde que se anunciaron los denominados Diálogos Nacionales sobre el proyecto de reforma.
La magistrada Juana Fuentes dijo en un discurso que más de 50.000 juezas y jueces de todos los niveles apoyarían con entusiasmo las mejores propuestas de enmienda a la Constitución.
Sin embargo, advirtió que si sus propuestas son “oídas para no ser escuchadas” y aprobar la reforma a rajatabla, “habremos de considerar las vías de acción que se requieran para enmendar el despropósito”.
Anunciaron que litigarán por la vía jurídica en dos líneas de defensa: primero, acudirán a órganos internacionales de protección de derechos fundamentales a impugnar la inminente reforma constitucional.
Denunciarán “la captura, cooptación y sometimiento de un poder soberano (…) que amenaza con socavar los fundamentos del estado constitucional y democrático de derecho”.
La segunda acción jurídica será enfrentar la asignación de los diputados del Congreso federal por representación proporcional (200 de un total de 500 legisladores), que consideran “amañada”.
El oficialismo afirma que logra por esa vía la mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso, requerida para reformar la carta magna.
El magistrado Mauricio Baraja adelantó que el propósito de los jueces será frenar “la pretensión de la fuerza política dominante (Morena y aliados) de alcanzar lo que dice que ya alcanzó, pero que en los hechos no alcanzó: las dos terceras partes de la cámara baja”.
Para garantizar la gobernabilidad, la ley mexicana permite una sobrerrepresentación de hasta 8 por ciento de asientos más que los votos obtenidos para la primera mayoría en el Congreso.
Pero la oposición esgrime que esa regla se aplica a toda la coalición oficialista, y no por separado a cada uno de los tres partidos que la integran, de modo que será el Tribunal Electoral el que decida.
Los opositores sostienen que, con el 56 por ciento de la votación en la elección de diputados, el partido gobernante Morena y sus aliados pretenden alcanzar mediante la sobrerrepresentación el 75 por ciento de la Cámara de Diputados, lo que le permitiría cambiar la Constitución. (Sputnik)
Fuente:https://latamnews.lat/
Foto: screen/El Sol de México
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