Ciudad de México.- La oficina del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh) en México rechazó el martes el inédito interrogatorio ante un tribunal militar al que fue sometido el titular de Comisión de Verdad sobre el Caso Ayotzinapa, Alejandro Encinas, que investiga la desaparición de 43 estudiantes de magisterio rural ocurrida hace casi 10 años.
“Expresamos preocupación por la diligencia judicial a la que se sometió a Alejandro Encinas por sus funciones como presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayorzinapa”, publicó en sus redes sociales la oficina en México del Acnudh.
Encinas hizo público el martes que fue citado a testificar ante una jueza de la Justicia Militar en un hecho del cual no hay precedente en México.
“La búsqueda de la verdad precisa de garantías institucionales que deben respetarse”, indica el posicionamiento emitido por la representación permanente de Acnudh en el país norteamericano.
Encinas alega que no existe precedente de que un mayor de justicia militar interrogue a un civil, en este caso un alto funcionario designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, también denunció que en el Caso Ayotzinapa los abogados de la Defensa Nacional “no sólo defienden a los militares imputados, también buscan socavar la investigación haciendo que comparezcan a juicio quienes la impulsaron”.
El organismo jesuita que denuncia el “empoderamiento militar”, dijo que Encinas -quien también fue durante cinco años subsecretario federal de Derechos Humanos en el Gobierno de López Obrador-, se suma al acoso del que fue víctima el exfiscal del caso y el Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
SIN PRECEDENTES
Encinas denuncia que tampoco hay precedente de que una dependencia del Poder Ejecutivo federal, como la Fiscalía General de Justicia Militar, ejerza acciones en contra del titular de otra institución del mismo orden, como lo es la Comisión Presidencial por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
En una en una columna periodística relata que durante la audiencia, ante una pregunta de la jueza Duarte Cedillo, el mayor de Justicia Militar Jorge Alfredo Rico declaró haber iniciado una demanda en su contra en la Fiscalía General de la República.
En ese momento, todavía estaba en funciones como subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior del Gobierno de López Obrador.
El objetivo de la diligencia ante la Justicia Militar por el caso que involucra a militares con el Caso Ayotzinapa “pretende colocar en el banquillo de los acusados a la Comisión de la Verdad”, denuncia el alto funcionario.
Encinas, quien fue jefe de Gobierno de la capital del país en 2012, es actualmente coordinador de la Comisión de Transición del nuevo Gobierno de la Ciudad de México, que encabezará Clara Brugada, postulada por el gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
La audiencia fue celebrada el 25 de julio a solicitud los militares procesados por presuntos actos delictivos vinculados con la desaparición de los 43 estudiantes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014.
El alto dirigente del partido gobernante afirma que la audiencia militar es parte de una campaña de “amenazas y acoso judicial”, que no se concretó dada la ausencia de los abogados que amenazaron con interrogarle “hasta el cansancio”.
La audiencia no tendrá mayor efecto en el proceso que siguen los militares.
Sin embargo “sienta un precedente lamentable respecto a la participación de elementos de las Fuerzas Armadas en procesos que involucran a una autoridad civil, y en particular en casos vinculados a violaciones graves a los derechos humanos”, dice Encinas.
También señala que estudió la experiencia de decenas de comisiones de la verdad a nivel internacional, que fueron objeto de presiones, amenazas y agresiones de los grupos incriminados; sin embargo, “en ningún caso se inició proceso penal alguno, menos aún desde el mismo gobierno”.
Finalmente, aclara que las comisiones de la verdad no son autoridades judiciales, pero contribuyen a superar la cultura del silencio y la desconfianza. (Sputnik)
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