Ciudad de México.- La relatora de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre independencia judicial, Margaret Satterthwaite, envió el jueves una comunicación al Gobierno mexicano para expresar su preocupación por la iniciativa de reforma constitucional de la judicatura, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que discute el Congreso.
“Quisiera señalar mi preocupación en relación con el paquete de iniciativas de reforma presentadas por el Ejecutivo, las cuales podrían socavar la independencia de la judicatura en México”, dice la presentación del texto.
El análisis de 12 páginas sobre el proyecto de reforma, que contempla elegir por voto popular a los magistrados de las cortes, concluye que “sería incompatible con los estándares internacionales”, apunta el estudio.
Satterthwaite señala que la iniciativa de reforma fue presentada en un contexto de constantes ataques e intimidación contra los juzgadores por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, derivados de las resoluciones que emiten.
El proyecto para cambiar la carta magna mexicana representa diversos riesgos para el Poder Judicial si los legisladores la aprueban sin cambios, en particular las modificaciones a los métodos de selección de jueces y magistrados, señala la relatora de la ONU.
“Las iniciativas propuestas podrían impactar directamente en el funcionamiento de la judicatura al someter el mecanismo de selección de jueces a un procedimiento en el cual las consideraciones políticas podrían fácilmente superponerse a los méritos objetivos de un candidato”, advierte la relatora sobre independencia de magistrados y jueces.
Estas preocupaciones se intensifican en el contexto de desconfianza que podría existir alrededor de los procesos de selección judicial, “que se llevan a cabo en medio de alegaciones sobre corrupción, tráfico de influencias y falta de mecanismos efectivos para la participación de la sociedad civil”, prosigue el documento.
POLITIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO
Satterthwaite recuerda al Gobierno mexicano que los estándares internacionales no exigen un método específico de nombramiento de juzgadores, pero sí que cualquier procedimiento garantice la independencia judicial, tanto institucional como individualidad y la imparcialidad subjetiva y objetiva, alejados de influencias políticas.
“Los Estados están obligados a tomar medidas para proteger a los jueces de cualquier forma de influencia política en su toma de decisiones y adoptar procedimientos claros y criterios objetivos para el nombramiento, suspensión y remoción de los mismos”, indica la relatora.
Menciona que este mandato ha sido específico en expresar sus preocupaciones acerca de la elección parlamentaria de jueces, resaltando que si bien, en algunos casos puede considerarse que dicho sistema de selección reviste una mayor legitimidad democrática, “este procedimiento puede dar lugar a la politización de los nombramientos judiciales”.
En ese método de elección permite que las consideraciones políticas prevalezcan sobre los criterios objetivos establecidos en las normas internacionales y regionales tales como: el mérito, las calificaciones, la integridad, el sentido de independencia e imparcialidad, entre otras, enumera.
Indica también que la propuesta de López Obrador respaldada por la bancada oficialista no especifica los criterios aplicables a la selección de candidatos a juez, magistrados o ministros ni regula el umbral de votos necesario para garantizar la legitimidad de las elecciones.
“Las modificaciones propuestas carecen de un mecanismo transparente, independiente y accesible que permita a una autoridad independiente verificar si los candidatos cumplen con los requisitos de formación, aptitud e integridad”, advierte la institución de la ONU.
Considera que, por el contrario, el proyecto de reforma presentado traslada al Senado la responsabilidad de verificar que los candidatos a magistrados de circuito y jueces de distrito cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad del artículo 95 de la Constitución.
“Al atribuir dicha responsabilidad a una entidad política como el Senado, la iniciativa de reforma no asegura una participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de selección de candidatos”, indica la relatora.
La alta funcionaria de la ONU explica que cuando se establecen más funciones directas a los poderes Ejecutivo y Legislativo en los procesos de selección judicial “se incrementa el riesgo de captura política del Poder Judicial”.
También advierte que la elección popular de jueces puede incrementar el riesgo de que los candidatos busquen complacer a los votantes o patrocinadores de las campañas para tener más posibilidades de resultar elegidos y reelegirse en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas.
“Tales dinámicas suponen riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad”, puntualiza
Sostiene que este riesgo es especialmente plausible dado que la reforma no establece procedimientos para la conducta que deberá observarse en las campañas.
La relatora advirtió que sería “una clara violación de la permanencia en el cargo judicial” la remoción anticipada de todos juzgadores federales del país -unos 1.800 jueces a nivel federal- para realizar la primera elección de jueces, magistrados y ministros para el año 2025, como propone el presidente.
La reforma es la principal de un paquete de 20 reformas a la Constitución promovidas por López Obrador al final de su mandato. (Sputnik)
Fuente:https://latamnews.lat/
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