Ricardo Perez
Chiapas, uno de los estados de México con indicadores de desarrollo más rezagados, padece una crisis humanitaria que ha causado el desplazamiento de hasta 15.500 habitantes, quienes han salido de sus hogares huyendo de la violencia provocada por grupos armados, señalan activistas y defensores de derechos humanos locales.
En la última semana de julio, cientos de personas —incluidas familias enteras de diversas localidades del sur del estado— cruzaron la línea fronteriza con Guatemala para refugiarse en comunidades del departamento de Huehuetenango, ubicado a unos pocos kilómetros de los límites con México, huyendo de la violencia de hombres armados que irrumpieron en sus casas y los obligaron a irse a punta de pistola, según relataron las propias víctimas a medios y periodistas independientes.
Se trata del último episodio de violencia en Chiapas, donde la seguridad se ha deteriorado aceleradamente en los últimos años, en un fenómeno que activistas vinculan con organizaciones de traficantes de personas que han aprovechado un aumento de hasta 495% en los flujos migratorios irregulares desde 2021 a la fecha, pero también con los megaproyectos de desarrollo impulsados por el Gobierno del presidente López Obrador, que han impactado a todo el sureste del país, como el Tren Maya y el Tren Transístmico.
Reclutamiento del crimen organizado
De acuerdo con el último reporte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, en este último episodio de desplazamiento, un grupo de 400 habitantes de diversas localidades del municipio de Amatenango de la Frontera, en Chiapas, salieron el 23 de julio y cruzaron la frontera y llegaron a varias localidades en Huehuetenango, y ahí se resguardaron.
La canciller mexicana Alicia Bárcena informó recientemente que un total de 320 nacionales mexicanos han buscado refugio en Guatemala en las últimas semanas. Según ella, la mayor parte de la población desplazada se dedica a la siembra del maíz y vende su producto en el municipio de Comalapa.
“Los nacionales mexicanos cruzan por los constantes enfrentamientos que hay entre aparentemente dos bandas criminales. Sobre todo, lo que más les preocupó a estas familias es que [las organizaciones delincuenciales] han empezado a reclutar jóvenes, sobre todo hombres, y por lo tanto por eso han cruzado”, dijo Bárcena.
La secretaria de Relaciones Exteriores señaló que la mayoría de los desplazados prefirieron permanecer del lado guatemalteco porque está muy cerca de sus comunidades, luego de que el Gobierno mexicano les ofreció trasladarlos a Tapachula, una ciudad de Chiapas.
“Ellos no quieren perder sus propiedades, no quieren perder sus animales y entonces prefieren estar muy cerca”, dijo Bárcena, quien detalló que la Secretaría de la Defensa desplegó ya un número de soldados importante.
En el marco de este episodio de desplazamiento forzado, Guatemala entregó certificados de permanencia humanitaria a 207 mexicanos por 30 días, lo que les permitirá trabajar en la zona y trasladarse sin problemas dentro del país centroamericano.
“Esperamos que se pueda regresar a la seguridad en Amatenango y ellos ya puedan volver a sus comunidades”, dijo Bárcena, quien admitió que los mexicanos tienen miedo por los grupos delincuenciales.
Escapar de la violencia
De acuerdo con testimonios recabados en Cuilco y otras localidades guatemaltecas por periodistas como Mariana Morales —una reportera independiente que colabora para medios nacionales e internacionales—, pobladores de comunidades cercanas a la frontera, como Barrio San José, Barrio Real, El Pino y Caracol, todas del municipio de Amatenango de la Frontera, habían escuchado balaceras y, desde mediados de julio, hombres armados irrumpieron en sus pueblos y casas para amenazarlos y obligarlos a irse.
“En Barrio San José hay como 120 personas, ahí se fueron todos; en Barrio Caracol viven como 80 personas y ahí también se fueron todos; de Badorreal, donde viven como 100 personas, también. De El Pino se fue como la mitad”, contó Morales en una charla con Sputnik.
Según los testimonios, las familias fueron saliendo en grupos pequeños; algunos cruzaron la frontera caminando entre las montañas de la sierra, con niños, bebés y ancianos. En un trayecto que se podría hacer en minutos, tardaron hasta cuatro horas en medio de la oscuridad de la noche.
Una familia contó que abandonó su hogar porque escucharon que los criminales dijeron que los iban a secuestrar.
Otra señora relató a Morales que los hombres armados llegaron a su casa, donde tiene una pequeña tienda de refrescos y abarrotes, patearon la puerta, entraron y le dijeron que les dieran los teléfonos. Les dijeron que ellos los iban a proteger y que solo estaban en búsqueda de algún bando enemigo. Después de revisar los celulares que tuviera contactos en la localidad. Después los hombres cogieron el dinero de la tiendita y les dijeron que tenían dos horas para irse. La familia corrió mientras los sujetos disparaban al aire.
Tres hermanos y dos primos salieron huyendo por miedo a ser reclutados a la fuerza y otra señora abandonó su casa después de que una bala impacto en el techo en medio de un enfrentamiento armado. Una más salió después de atestiguar cómo los sujetos se llevaron a dos menores, uno de ellos de 11 años. Saqueo de la Cruz González, un hombre de 96 años, salió y llegó a Guatemala en hombros de sus sobrinos, pero ahí murió, relata Morales.
La periodista, originaria de Chiapas, se dice impactada por los sucesos de violencia que ha tenido que cubrir en los meses recientes en el estado: masacres, hallazgos de cuerpos amontonados con señas de tortura, irrupciones de comandos en poblados enteros, con quema de casas, de vehículos, bloqueos de carreteras, enfrentamientos armados, secuestros e innumerables casos de amenazas y extorsión.
Los homicidios aumentaron 270% en 10 años
Datos sobre defunciones publicados por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) el pasado 1 de agosto, revelan un aumento de 270% en los homicidios en Chiapas en poco más de una década. De acuerdo con el reporte oficial, en 2011 se registraron 186 muertes por homicidio en el estado, mientras que el año pasado fueron 631 casos, la segunda cifra más alta en los últimos doce años.
Activistas y defensores de derechos humanos que hablaron con Sputnik bajo condición de anonimato por cuestiones de seguridad, relataron que la violencia, tanto en la zona fronteriza con Guatemala como en otras regiones de Chiapas, se origina por una disputa por el territorio entre grupos de la delincuencia organizada que mantienen a la población civil como rehén.
“La población es rehén de estos grupos [criminales] que están en disputa; han sido tomados a la fuerza, sufren de extorsiones, de reclutamiento forzado, se encuentran en el medio de enfrentamientos generalizados en donde se utilizan armas de grueso calibre, drones artillados, vehículos blindados y duran horas estos enfrentamientos”, relató un activista del Grupo de Trabajo Región Frontera.
Según el activista, la violencia aumenta de una forma dramática, así como los desplazamientos masivos e incluso asesinatos de civiles en masacres de varias personas. “Todo eso ya se ha vuelto una práctica recurrente”.
“En el estado de Chiapas se ha generado una crisis humanitaria, particularmente en la región frontera y en la sierra”, señala.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que ha trabajado en Chiapas durante décadas, ha logrado documentar el desplazamiento forzado de hasta 15.500 personas en el estado, 11.000 de ellas tan solo en 14 municipios de las regiones de la Sierra y de la frontera con Guatemala, como Amatenango de la Frontera, Chicomuselo, La Concordia, Frontera Comalapa, Siltepec, Mazapa de Madero o Ángel Albino Corzo.
Apenas este 1 de agosto, relata el activista, los grupos armados reclutaron a la fuerza a la mitad de los hombres de localidades, ejidos y barrios de los municipios Frontera Comalapa y Amatenango de la Frontera, como Nuevo México, Ciudad Cuauhtémoc, Paso Hondo y Potrerillo.
“Los están obligando a que se concentren en las salidas de estos municipios, y no solamente hombres; también tenemos reportes de que incluyen a algunas mujeres y las están obligando a ellas a que cocinen para los hombres reclutados”, relató el defensor de derechos humanos.
Una geografía estratégica para el crimen
Para este activista, la pelea por el territorio en Chiapas tiene que ver con la posición geoestratégica del estado y por la riqueza natural que hay en él. Además, dice, influye el hecho de que dos grandes proyectos de infraestructura del Gobierno de México atraviesan ese territorio: el Tren Maya y el Corredor Transístmico.
“Quien controle los territorios [de Chiapas] también estaría controlando la salida hacia el Pacífico y el Atlántico; es decir, hacia Europa y hacia Asia; entonces, en este sentido es que Chiapas se convierte en un en un territorio muy estratégico”, dijo.
De acuerdo con el defensor de derechos humanos, el control del territorio también implica el control de economías, tanto legales como ilegales, como el tráfico de armas y de personas, y los grupos criminales están aprovechado el gran flujo de migrantes, que se ha disparado en los últimos tres años.
Flujo migratorio y negocio millonario
Según datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación de México, de 2018 a 2023, las detenciones de migrantes irregulares aumentaron 495%.
De acuerdo con el Mapa de Rutas, Asistencia y Riesgos Asociados a la Movilidad Irregular por México, presentado el 18 de julio pasado por la UPM, en 2023 se registraron 778.907 detenciones de migrantes irregulares en México, prácticamente el doble de las registradas en 2022, cuando se detectaron 441.409 migrantes irregulares en el país.
Tan solo en el estado de Chiapas fueron detectados 229.379 migrantes irregulares, un aumento de casi 50% con respecto al 2022, cuando fueron ubicados por las autoridades 153.724 personas que no pudieron acreditar su estancia legal en el país.
Y en lo que va de este 2024, las autoridades ya han detenido a 132.275 migrantes, entre ellos 22.520 menores de entre 0 y 11 años de edad, lo que da una idea del jugoso botín que pelean las bandas del crimen organizado.
Un estudio publicado en la más reciente edición de Rutas, una publicación de la Unidad de Política Migratoria, señala que los traficantes de personas han aprovechado de los fenómenos como las caravanas migratorias, que empezaron a finales del 2018.
“Aunque en ciertos casos las personas que viajan en caravanas, no disponen de los fondos necesarios para cubrir los costes de un traficante. Las caravanas migratorias se han convertido en una oportunidad lucrativa para las redes delictivas. Esto se debe a que, con frecuencia, se negocia con ellos el pago mediante la promesa de obtención de trabajo en el futuro”, afirma el estudio.
Otro estudio incluido en Rutas indica que, tan solo el costo promedio de cruzar la frontera de México a Estados Unidos, pasó de 2.143 dólares en el primer trimestre de 2012 a 5.373 dólares en el tercer trimestre de 2023. Sputnik
Fuente:https://latamnews.lat/
Foto: Tomada de @Alejand73667920
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