Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró este martes “ilegal” el paro nacional de labores acordado por trabajadores del Poder Judicial, pero indicó que el Gobierno respetará la protesta que comenzará este miércoles en rechazo al proyecto de reforma constitucional que discute el Congreso.
“No va a suceder nada, no pasa nada y en lo que a nosotros nos corresponde, respeto absoluto a su huelga, liberad: establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van hacer”, dijo el jefe del Ejecutivo federal a periodistas.
Indicó que no le corresponde al Gobierno atender ni sancionar la protesta, sino que esta es tarea del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial.
“Pero si aún nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga, nosotros no tenemos ningún problema”, agregó el mandatario.
El proyecto contempla la elección por voto popular de más de 1.600 jueces y magistrados federales y la creación de un Tribunal de Disciplina separado del Consejo de la Judicatura, que según los inconformes “afectaría a la independencia judicial”.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), informó que una consulta realizada la víspera entre juzgadores agremiados arrojó un resultado de 1.202 votos por el “Sí”, frente a 201 votos por el “No”, lo que da la luz verde al paro nacional a partir de este miércoles.
DERECHO DE HUELGA
El mandatario dijo no obstante que la reforma, una de las 20 iniciativas enviadas al Congreso al final de su mandato sexenal para modificar la Constitución, no afecta los derechos de los trabajadores.
“Están en su derecho de manifestarse, sólo comentar que con la reforma que se está proponiendo no se afecta a los trabajadores; al contrario, se les beneficia”, sostuvo López Obrador.
El jefe de Estado afirma que en el Poder Judicial hay corrupción, sobre todo entre algunos jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, que según el proyecto sería elegida por voto popular.
“Yo les diría, con toda franqueza y también respeto, que hasta nos va ayudar, que si no están los jueces, no están los magistrados, no están ministros en activo, tenemos cuando menos la garantía de que no van dejar libres a delincuentes del crimen organizado”, prosiguió el gobernante.
Por su parte, desde la Jufed consideran que los llamados “Diálogos Nacionales sobre la Reforma Judicial”, organizados por el Congreso del 27 de junio al 9 de agosto pasados, fueron incumplidos los principios básicos relativos a la independencia de la Judicatura de la Organización de las Naciones Unidas.
“Estos diálogos no permitieron una participación efectiva de los jueces federales y en varios foros se impidió la intervención de los magistrados y se cortaron discusiones clave”, dicen en un manifiesto desde el gremio.
Con la decisión de comenzar un paro nacional indefinido solamente operarán los tribunales para casos urgentes en materia penal, en los que se deba otorgar libertad de personas imputadas y esté en riesgo la vida de las personas.
Esta inédita medida “es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático”, dice al anuncio del paro nacional lanzado la noche del lunes tras el conteo de votos.
Las personas trabajadoras y juzgadoras sostienen que han decidido “defender la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras”.
Entre las principales preocupaciones de los organizadores se encuentra la destitución masiva y sin juicio previo de las personas juzgadoras en todo el país norteamericano.
Cuestionan el proyecto de elección de jueces federales mediante un proceso de votación popular extraordinario que se celebraría en 2025, la reducción de las remuneraciones de las personas juzgadoras y la imposición de un nuevo Tribunal Disciplinario de única instancia.
Los jueces argumentan que las falencias del sistema comienzan en las fiscalías y la falta de investigación policial y pruebas en los procesos judiciales que permiten la impunidad. (Sputnik)
