Buenos Aires.- Un informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) presentado este miércoles señala que los embarazos adolescentes -de 10 a 19 años- en Argentina se redujeron en un 50 por ciento entre los años 2018 y 2022, período que tuvo en medio la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), sancionada en 2020.
“La reducción de 50 por ciento de la tasa de fecundidad adolescente observada entre 2018 y 2022 marca un quiebre en la tendencia amesetada sin descensos significativos previos. Más aun, se logró una reducción de la tasa de fecundidad en niñas de 10 a 14 años del 57 por ciento, donde intervienen situaciones ligadas al abuso sexual del entorno familiar cercano”, indica el reporte anual del Proyecto Mirar, “Logros de la política de acceso al aborto y amenazas actuales”, realizado por CEDES, en alianza con Ibis Reproductive Health.
Asimismo, la pesquisa afirma que en el subgrupo de adolescentes tardías -de 15 a 19 años- el embarazo también disminuyó en un 50 por ciento.
Para los investigadores se trata de un descenso inédito en Latinoamérica, y toma los casos de embarazos adolescentes en México, que duplican a los de Argentina y sufrieron un ligero aumento entre 2015 y 2022.
También de Colombia, que supera la fecundidad en ese rango etario en Argentina, pero observa un descenso en los últimos años.
Según estadísticas oficiales del Ministerio de Salud, en 2023 se reportaron 86.565 abortos en el sistema de salud público, en su mayoría realizados con medicamentos y antes de la semana 12 de gestación.
Así, la tasa nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) e Interrupción Legal del Embarazo (ILE) fue de ocho abortos cada 1.000 mujeres.
Las tasas más altas se registraron en las provincias de San Luis (oeste) y Jujuy (norte).
El informe también da cuenta de que el número de muertes maternas por estas causas disminuyó especialmente a partir de la sanción de la ley, pasando de 30 en 2017 a 18 en 2022, contabilizando tanto embarazos ectópicos, abortos espontáneos y médicos.
“Este comportamiento lleva a hipotetizar que un entorno normativo más habilitante, como el que se da al despenalizar social y legalmente la interrupción del embarazo, permite la búsqueda de atención más temprana y prácticas más seguras en las instituciones”, afirmó Mercedes Krause, socióloga e investigadora del CEDES y del Instituto de Investigaciones Gino Germani, dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Coadyuvó la duplicación de los servicios de salud que garantizan abortos en el país, aunque es muy variable la cantidad de instituciones según las provincias.
“Este comportamiento es en buena medida resultado de la aplicación de políticas públicas articuladas entre sí, como el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), que fue desmantelado por el Gobierno nacional actual, la Educación Sexual Integral (ESI) y la implementación de los servicios de IVE ILE”, explicó Silvina Ramos, socióloga e investigadora titular del CEDES.
La ley de IVE sigue siendo cuestionada por organismos y actores de la sociedad civil, aunque, de momento, con poco eco en el ámbito judicial, donde persiste la tendencia a preservar la constitucionalidad de la Ley 27.610.
Si bien entre 2018 y principios de 2024 se presentaron 38 demandas contra el derecho al aborto legal, 35 fueron resueltas a favor de mantener las normas vigentes y las tres restantes siguen pendientes de respuesta sobre su admisibilidad en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Sputnik)
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